Siguen apareciendo nuevos efectos del pacto entre Roberto Lavagna y Néstor Kirchner. Esta vez la revelación llegará desde el caso Greco. La denuncia de ese escándalo fue presentada en el Senado precisamente por los radicales. Ellos, aunque durante la campaña callaron, tienen las pruebas que les aportó la Justicia sobre el accionar de los funcionarios de Lavagna en el Ministerio de Economía en torno a ese caso. Ahora revelarán el expediente, obviamente sin censurar ningún tramo.
El radicalismo urde ya su venganza contra lo que consideran la traición de Roberto Lavagna al haber acordado con Néstor Kirchner su vuelta al redil oficial. Hasta ahora, los máximos denunciantes del caso Greco (el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz) no terminaron de explicar todo el fárrago de pruebas que -por orden judicial-debió entregarles el Ministerio de Economía sobre el trámite que siguió el expediente del polémico caso Greco, tanto en Asuntos Jurídicos durante el mandato allí de Lavagna, como hacia el final, cuando Felisa Miceli envió al Congreso un proyecto de ampliación de deuda que contenía órdenes de pago para cancelar esa cuestionada deuda de casi u$s 200 millones.
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Ahora, elaborarán un informe donde ya no habrá censura sobre los sucedido en Economía en épocas en que se le reconoció judicialmente la deuda a los Greco, cuando manejaban el área de legales el secretario Eduardo Pérez, el subsecretario legal Osvaldo Siseles, los directores Yolanda Eggink y Daniel García y la abogada estatal Beatriz Pernas.
Mientras se investigaba a Miceli y el proyecto que giró al Congreso, el expediente interno que obligó a abrir la ministra para intentar despegarse del escándalo acumuló no sólo pruebas, sino toda la hoja de ruta que siguieron las órdenes de pago a los Greco-Bassil. Algunos tramos de ese camino ya fueron relatados por Ambito Financiero, pero ahora los senadores radicales prometen emitir el informe completo de esa historia que abarca responsabilidades tanto en la administración de Miceli como en la de Lavagna.
Es cierto que, de comprobarse la responsabilidad de los hombres de Lavagna, como las denuncias, el radicalismo deberá explicar por qué silenció durante toda la campaña electoral las pruebas sobre el caso Greco que el Ministerio de Economía tuvo que aportarles.
También se espera que aparezca finalmente el informe de la Auditoría General de la Nación que el Congreso -con firma de peronistas y radicales en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas-le encargó hace más de un año sobre el progreso dentro del Ministerio de Economía del trámite de pago a favor de los ex integrantes y herederos del Grupo Greco-Bassil.
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