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Fuentes gubernamentales consignaron que el convenio, cuyo objetivo específico era "consolidar institucionalmente los organismos de seguridad pública y ciudadana", obligaba a Santa Fe a asumir un compromiso financiero equivalente a 3,1 millones de euros.
Mediante el decreto 3544/02, Reutemann indicó que el convenio con la Comunidad Europea fue firmado cuando estaba en vigencia la convertibilidad.
"De este modo, y a pesar de considerar beneficioso el objetivo perseguido por el programa, las obligaciones financieras asumidas por la provincia en el convenio con la Comunidad Europea se tornaron de cumplimiento imposible", expresó Reutemann en los considerandos el decreto, también rubricado por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Carranza.
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