A D'Elía le estalló la interna piquetera

Luis D'Elía quiere convertirse en el «comisario» piquetero del kirchnerismo. Acostumbrado a las sobreactuaciones -como aquella, trágica, de amenazar con tomar las armas para defender a tiros a Néstor Kirchner-, ayer montó una puesta en escena para mostrarse como un piquetero transparente: suspendió a un referente de su tribu, la Federación de Tierras y Vivienda (FTV), acusándolo de «manejos irregulares» con los fondos provenientes de planes sociales.

El sancionado es Juan Dávalo, cacique de la FTV en Santa Fe, a quien D'Elía, con un juicio sumarísimo, desplazó por 90 días de la conducción de la organización por -según le imputó ante la prensa ayer el piquetero oficial- «gravísimas denuncias sobre las conductas» y su «accionar».

Esa rama de la FTV fue más de una vez factor de queja de Carlos Reutemann ante Eduardo Duhalde porque, de acuerdo con los planteos del ahora senador electo, actuaban como focos para generar incidentes y para desestabilizar al gobierno provincial.

Quizás ahora, con Jorge Obeid como gobernador -dirigente que responde a los mandatos de Olivos-, D'Elía quiere apaciguar las aguas y la presunta anomalía que se imputa a Dávalo le ofrece un argumento ideal.

• Imputaciones

«Las denuncias tienen que ver con manejos irregulares de fondos, actitudes en beneficio propio y cuestiones contra compañeras que habrá que indagar en profundidad», aseguró ayer D'Elía, sin dar más precisiones.

En una conferencia de prensa, el diputado bonaerense y además líder de la CTA explicó que la medida, «dura y de gran severidad», estará vigente hasta el 8 de marzo, fecha en la que se decidirá la expulsión o permanencia de Dávalo en la FTV, y aclaró que las denuncias fueron hechas por integrantes de la propia agrupación.

Hasta que eso ocurra, la conducción de la agrupación de D'Elía en Santa Fe quedará temporalmente en manos de Juan Carlos Rodríguez. De hecho, según aclaró D'Elía, Dávalo está «suspendido, no expulsado, y tendrá 90 días para ejercer su derecho a defenderse y hacer su descargo».

«No vamos a tolerar ningún corrupto en nuestras filas, ni abusos de poder, ni expulsiones compulsivas, ni hechos de corrupción sexual contra las compañeras», agregó D'Elía -que recibe más de 50 mil subsidios de desempleo del gobierno- respecto de los cargos que se le imputan a Dávalo.

Por otro lado, distintas agrupaciones programaron un escrache para el acto de asunción de los diputados nacionales, mañana en el Congreso Nacional.

La lista de objetivos incluye a quienes, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, ocuparon cargos en el gobierno que, directa o indirectamente, tuvieron participación en la masacre de Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002, donde murieron dos manifestantes.

Alcanza, entre otros, al entonces canciller, Carlos Ruckauf; a quien fuera jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, además de Juan José Alvarez -por esos días ministro de Justicia y Seguridad- y, también, Oscar Rodríguez, número 2 de la SIDE: «Resulta que ahora estas personas asumen como legisladores, adquieren fueros especiales y se las dan de paladines de la justicia, cuando fueron partícipes de una represión con balas de plomo», comentó Gustavo Giménez, del MTS Teresa Vive, uno de los grupos que se movilizarán mañana. También lo harán el MTD Aníbal Verón, Barrios de Pie y la agrupación HIJOS.