El gobierno dispuso ayer por decreto que en los comicios para elegir candidatos de cada partido podrán votar sólo los afiliados y los ciudadanos independientes. De esa manera, se impedirá que los afiliados de unos partidos intervengan en las internas de otros, algo que observó un juez electoral que dispuso el viernes pasado la suspensión de las elecciones simultáneas y obligatorias del 24 de noviembre. Por este nuevo decreto, éstas quedaron postergadas para el 15 de diciembre y en ellas se usarán los mismos padrones de afiliados sin depurar, que vienen desde 1983, cuando se hizo la inscripción de adherentes con la reapertura del proceso democrático. Es decir que el decreto del gobierno es un remedio, aunque no total, a la naturaleza irregular de esos listados de afiliados, abultados con adherentes fantasma para convalidar de manera artificial hegemonías partidarias o acceder a subsidios estatales a la actividad partidaria. El gobierno decidió, además, no apelar el fallo del juez Abel Cornejo de Salta porque dijo que quiere evitar encerrar el proceso electoral en una pelea judicial.
Ese decreto responde a las objeciones del juez de Salta No resuelve, sin embargo, el principal problema del sistema, que es el uso persistente de padrones viejos y nunca actualizados desde 1983, que tienen miles de afiliados fantasma que fueron incluidos para abultarlos. El objetivo de esa práctica fraudulenta es manipular los congresos partidarios atribuyendo a determinados sectores mayorías también fantasma. O beneficiar a los partidos con los aportes del Estado a esas formaciones.
El texto de los decretos era anoche estudiado por los jueces electorales de todo el país para escrutar si, además de la autorización a hacer padrones diferentes, el decreto tiene segundas interpretaciones. Una lectura preliminar de algunos magistrados que consultó este diario advertían que la intención del gobierno es volcar la mayor cantidad de tareas y atribuciones sobre la Justicia. Legalmente, los juzgados son responsables de las elecciones, pero tradicionalmente el Poder Ejecutivo ha tomado a su cargo determinadas tareas para aliviar a los magistrados.
En el Congreso, la primera lectura del peronismo y de la oposición era que se trata de
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