Giro en juicio Oil: ratifican que compra de empresas no se financió con la AFIP

Política

Veedor indicó que cifras en balances incluían créditos bancarios, intereses devengados y aportes de capital de accionistas. Revelan reuniones de Santos.

Gustavo Montanini -miembro del tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- y uno de los veedores judiciales designado en el marco de la causa Oil Combustibles, ratificó ayer que las cifras que se tomaron para establecer una correlación directa entre la deuda del impuesto ITC y los préstamos a otras compañías del Grupo Indalo no tuvieron en cuenta que en esos mismos períodos, la petrolera había tomado préstamos en el sistema bancario y había recibido aportes de capital de los accionistas. Lo hizo en el marco de su testimonio en el juicio oral y a preguntas de la defensa que buscó repasar los montos que habían sido consignados en el informe de veeduría. El punto no es menor porque la elevación a juicio de la causa había tenido como uno de los pilares que la empresa insignia de Cristóbal López y Fabián De Sousa se había apalancado en los planes de pago de la AFIP y con ese dinero habían financiado al resto del grupo. La semana pasada, el mismo testigo había afirmado que esto no podía configurar una insolvencia porque mientras una de las empresas asumía una deuda, las otras se capitalizaban, y todas esas circunstancias debían ser analizadas a la luz del funcionamiento completo de un grupo económico. “Si no analiza todo el grupo económico las conclusiones que se derivan son parciales”, enfatizó.

En una exposición, mucho más didáctica en esta oportunidad, Montanini fue también explícito respecto a lo que fue una “revaluación de activos” de Oil que el requerimiento fiscal había identificado como parte de una maniobra para inflar el valor de la compañía y disimular su presunta insolvencia. “¿Es razonable que hagan revalúos para que los balances tengan conexión con la realidad?”, preguntaron los abogados al testigo. “Es habitual. Y además cuando pasa eso o existen fuertes devaluaciones o pasó mucho tiempo. Como el ajuste por inflación estuvo sistemáticamente prohibido en Argentina entre 2003 a 2018, los bienes de uso utilizaban una valuación a valor histórico. Eso es un desfasaje significativo. Hay disparidad entre valor histórico y corriente. No me sorprende que una empresa decidiera el criterio de revaluación”, indicó Montanini. Le quitó peso así a la hipótesis de que Oil utilizó los activos –que en la industria petrolera están valuados en dólares- y los actualizara con el presunto fin de inflar su patrimonio. Esto, en realidad, aumentaba la base imponible por la cual tenían que pagar otros tributos, además.

Hubo un párrafo dedicado a analizar el desfasaje en el pago de impuestos durante 2017 que detectaron los veedores. La defensa intervino para recordar que en esa etapa, los administradores fueron Ignacio Rosner y Santiago Delatorre, en su breve paso en el manejo de la petrolera que derivó en el colapso financiero total durante su gestión.

“No hay flujo del dinero que se obtenga por el no pago de impuestos”, corrigió el testigo una de las preguntas apuntadas a determinar por qué se habían considerado para la acusación la similitud aparente de montos en los que se incrementaba la deuda por ITC, y los préstamos que recibían otras compañías del holding. Llevado a repasar las cifras concretas que mencionaba su informe –y que se remitían a los balances “No pueden demostrar un flujo de dinero. Es una foto en un momento determinado”, reiteró uno de los conceptos que había expresado a preguntas de la fiscalía. Terminó reconociendo que de 900 millones en los que figuraba incrementada la deuda tributaria y era similar a préstamos, el balance incorporaba que parte de esa deuda eran intereses devengados por préstamos anteriores, diferencias de cambio, préstamos bancarios y aportes de capital.

“Ningún estatuto debería prohibir prestar entre empresas vinculadas”, fue una de sus respuestas a la búsqueda de las defensas para que se mencione si se vulneró alguna norma al realizar los denominados “préstamos intercompanies”. Hubo referencia a las medidas cautelares que bloquearon al banco Finansur y a una aseguradora del Grupo. “Le impedían la realidad cotidiana”, admitió sobre los problemas que generaba la sucesión de medidas que impulsaba la AFIP.

La audiencia de ayer estuvo condimentada por dos factores: tras una extensa deliberación, el Tribunal Oral Federal N°3 decidió diferir el pedido de la fiscalía respecto a convocar a Eliseo Devoto, el jefe de Jurídicos que fue imputado por la jueza Servini, en la causa donde se investiga una asociación ilícita precisamente para empujar a Oil a la quiebra. El primer reflejo del presidente del Tribunal, Fernando Machado Pelloni había sido rechazarlo, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en oírlo como testigo, aunque puede repetir el recorrido de Alberto Abad y Leandro Cuccioli afirmando que desconocen casi todo, con el fin de no autoincriminarse en la otra causa.

Pero el otro aditamento fue la revelación de Montanini que puso en crisis el testimonio bajo juramento del exsubdirector de Grandes Nacionales Juan Carlos Santos. El testigo relató que mantuvo “3 o 4 reuniones” en la sede central de AFIP para “intercambios de opiniones sobre temas particulares”, pero referidos a Oil. Y mencionó entre los asistentes a Abad, a su mano derecha Ernesto Donato y a Santos, como protagonista. Santos había declarado bajo juramento que solamente participó de una reunión donde se iba a plantear una denuncia penal y que se había ido a poco de comenzar porque era una discusión de abogados de la que él no tenía participación. Y que luego se había desentendido del tema Oil al punto de no haber leído completa la denuncia. El veedor judicial designado por Julián Ercolini no solo lo contradijo, sino que lo dejó al borde de un eventual pedido de falso testimonio. Sobre todo, si los otros dos veedores judiciales que trabajaron con Montanini, convocados para la semana que viene, dan más detalles de esos encuentros.

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