Los gobiernos de la Argentina y Uruguay anunciarán el próximo sábado, en un acto conjunto en la ciudad oriental de Colonia, que ambos países se harán cargo en forma directa del dragado del canal Martín García en el Río de la Plata, luego de que una licitación para esas tareas terminara con sospechas de corrupción.
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Según publicó el diario uruguayo El País, en esa oportunidad se anunciará que ambas administraciones serán responsables del dragado a partir del 20 de enero próximo. Es que el contrato que tenía la empresa Riovía (Boskalis) para el mantenimiento del dragado de ese canal en el Río de la Plata vence el 19 de enero.
Ante esa situación, la oposición uruguaya salió a criticar la medida acordada por las administraciones de Cristina de Kirchner y José "Pepe" Mujica.
José Pedro Pollak, dirigente del Partido Blanco y representante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos uruguaya, reclamó que no asuma ningún compromiso con el dragado del canal Martín García sin, previamente, tener "perfectamente definida la continuidad del dragado de mantenimiento del puerto de Montevideo y su canal de acceso".
Según el dirigente, la ANP cuenta con dos dragas: una de ellas será trasladada a la ciudad de Colonia y la otra se someterá a tareas de mantenimiento y reparación por un plazo de 45 días.
Por esto se estaría "como mínimo 45 días sin dragas para el puerto de Montevideo", aseguró Pollak, tras cuestionar la decisión de que el Estado uruguayo encare parte del dragado del canal.
"Me parece importante aclarar que la ANP no tiene competencia para hacer trabajo fuera de los puertos o de los canales de acceso a puertos y eso se soluciona dictando una ley que diga que se habilita a la ANP a efectuar dragados en los canales de navegación siempre y cuando estén cubiertos los dragados de mantenimiento de los puertos", expresó Pollak.
La semana pasada, la causa iniciada por presunto intento de sobornos en la licitación del dragado del canal volvió a ser reactivada por el juez federal Claudio Bonadío, quien hizo lugar a una apelación del fiscal Eduardo Taiano.
En un fallo del 28 de diciembre que trascendió en las últimas horas, Bonadío retrocedió en la decisión que había tomado tres semanas antes de esa fecha, de archivar la causa por la falta de colaboración de la justicia uruguaya, entre otros factores.
En esta nueva ocasión dictaminó "revocar por contrario imperio la resolución de fojas 191/192 en cuanto dispone el archivo de las actuaciones registradas".
La investigación judicial surgió como consecuencia del escándalo desatado por afirmaciones del exembajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, en las que denunció que le habían propuesto una coima de un millón de dólares para favorecer a la empresa Riovía S.A. en la licitación.
La coima habría sido propuesta, según Bustillo, por el exvicecanciller argentino Roberto García Moritán -quien rechazó en declaraciones públicas las acusaciones-, por lo que la causa involucra tanto a Uruguay como a la Argentina.
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