La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, reclamó una pronta designación de jueces en los juzgados vacantes.
Neuquén - La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, ratificó la legitimidad de los juicios a los militares por la represión de los años 70 y excluyó a los integrantes de las organizaciones terroristas -Montoneros, ERP y otras- que se enfrentaron al gobierno del Proceso de los años 1976-1983 por entender que así lo establece la legislación internacional penal.
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La magistrada, que también criticó a la demora del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo para nombrar jueces titulares, se exculpó de opinar sobre las relaciones de la Corte con ese mismo cuerpo surgido de la reforma constitucional de 1994 y modificado en el anterior período de gobierno de Néstor Kirchner, por entender que hay una denuncia de inconstitucionalidad que debe ser definida por la Corte.
Periodista: Usted llega en un momento de fuerte motivación judicial en Neuquén porque se ha iniciado el juicio a militares del Proceso acusados de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su criterio sobre la oportunidad de hacer estos juicios recién ahora?
Carmen Argibay: Fueron años espantosos. No se podían haber hecho cuando recién se reconstituyó la democracia porque el país tenía un planteo militar cada día por medio. Pero, ahora, estos enjuiciamientos no generan temor en la sociedad, y además, porque los jueces también adquirieron un fuerte compromiso con la democracia porque convengamos que estos juicios no podrían llevarse a cabo sin los jueces, quienes están trabajando a mucho pulmón porque el Poder Judicial no tiene dinero ni infraestructura para llevarse adelante este tipo de juicios.
P.: Hay un sector del derecho y de la política en nuestro país que opina que no se mide con la misma vara a los militares que a los guerrilleros de los 70, acusados también de cometer crímenes aberrantes. A usted, que integró el Tribunal Internacional de La Haya en materia penal, ¿qué opinión le merece este argumento?
C.A.: El terrorismo no ha sido declarado de cometer delitos de lesa humanidad. Usted sabe que a fines del siglo XX, numerosos países de Africa y Asia que protagonizaron revoluciones de independencia de otros países, como Kenia, Sudáfrica, conformaron después, aumentando su número, a las Naciones Unidas. Esos países que tienen un voto igual que los países que en su momento los colonizaron, se negaron a aceptar que poner una bomba, por ejemplo, en un ferrocarril fuera un delito de lesa humanidad porque entendía que estaban protagonizando un movimiento libertario. Por eso en todas las convenciones internacionales en materia penal se equipara a los delitos cometidos por estos grupos revolucionarios con los delitos penales comunes. Por eso prescriben.
Contrario a lo que sucede con los que cometen los agentes u organismos de los Estados.
P.: En su momento, la Corte avaló a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esa misma Corte, pero con otros miembros, interpretó todo lo contrario. ¿Cuál es el argumento jurídico para negar hoy lo que aprobó ayer?
C.A.: Le voy a contestar con lo que puse en mi voto. En el año 1965, gobierno de (Arturo) Illia, democrático, la República Argentina, participó de un Congreso Internacional donde se declaró imprescriptibles y retroactivos a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos. Con el gobierno de (Juan Carlos) Onganía, el peronismo del 73 y el Proceso militar posterior, ese convenio no se ratificó. Si se hizo, por parte de nuestro país, ya en el gobierno de Kirchner y por ello, al asumir como juez de la Corte, pude votar para que se deroguen esas leyes y se permita juzgar a los militares acusados de ese tipo de delitos.
P.: ¿Se siente presionada por el Poder Político?
C.A.: Mire, a Kirchner solo lo vi dos veces en mi vida. No lo conocía. Cuando me llamó para ofrecerme el cargo y cuando me tomó juramento como jueza de la Corte. Es más, estando en La Haya y durante un viaje a París de la actual presidente, en ese momento senadora Cristina Kirchner, me llamaron para una entrevista en Francia, pero no pude ir porque debía cumplir obligaciones en ese tribunal.
P.: ¿Pero cree que puede haber presiones sobre los jueces por parte del poder político?
C.A.: Creo que, en realidad, esas presiones del poder político son más un mito que una realidad. Hay pocos casos que le interesan al poder político, pero un juez debe resistir esas presiones. Deben gritar, es su mejor garantía, si se sienten presionados y denunciar esos casos. Ahora un juez que no pueda resistir presiones y condiciones su fallo. Tiene que renunciar e irse a su caso. A mí no me presionan.
P.: Cuando se habla de presiones a los jueces se menciona al Consejo de la Magistratura, excesivamente politizado a partir de su modificación, en el gobierno de Néstor Kirchner. ¿ Concuerda con la existencia y mecanismos operativos de este órgano extrapoder, muy discutido dentro del Poder Judicial?
C.A.: No puedo opinar porque ha llegado una causa donde se pide que el Consejo de la Magistratura sea declarado inconstitucional.
P.: Se hace difícil poder hacer cumplir las leyes cuando faltan tantos jueces. yes
C.A.: Es un problema que deben resolver el Congreso de la Magistratura y el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Judicial no puede funcionar sin jueces y los jueces deben estar con todas la garantías constitucionales que su cargo exige. Hay una mora importante.
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