La Cámara de Diputados le dio ayer un alivio al gobierno: convirtió en ley el nuevo régimen de designación de jueces subrogantes a tiempo para cumplir con la orden de la Corte Suprema, que intimó hace un año a la Casa Rosada a resolver la situación de los jueces temporarios.
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El plazo de un año que dio la Corte vence mañana. De no haber sancionado la ley a tiempo, 70 juzgados quedarían sin sus jueces subrogantes y las sentencias dictadas serían inválidas.
Esa es la explicación de la respuesta relámpago que dio el Congreso al nuevo régimen de subrogancias pedido por el gobierno. En realidad no pareció preocuparle a ningún diputado del kirchnerismo que el nuevo esquema siga contemplando en última instancia que la lista de conjueces disponibles para cubrir vacancias temporarias sea elaborada por la Casa Rosada. Esas objeciones del radicalismo, el macrismo y la Coalición Cívica no fueron escuchadas. Mucho menos las acusaciones de la oposición sobre que el gobierno podrá seguir controlando así a jueces o secretarios de cámara sustitutos mientras esperan que se los promocione para otro cargo, ni las protestas por haber dejado de lado al Consejo de la Magistratura a la hora de evaluar a los posibles jueces subrogantes.
El proyecto votado ayer en Diputados fue defendido en el recinto por el jefe de la Comisión de Justicia, el kirchnerista bonaerense Luis Cigogna. El oficialista defendió el proyecto alegando que «la no inclusión del Consejo de la Magistratura en el mecanismo de selección de los jueces subrogantes y la no fijación de plazos no tienen ninguna consecuencia que sea confrontativa de la Constitución nacional».
Otra hiperkirchnerista, Diana Conti, obviamente defendió la ley con una crítica a los jueces de todo el país: «Los jueces quieren tener suplentes a su disposición para trabajar medio día o tomarse un mes y medio de vacaciones o venir tres días a Buenos Aires».
Uno de los ataques más fuertes al kirchnerismo partió de Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, que presentó su propio dictamen de minoría: «Esta ley no cumple con la sentencia de la Corte Suprema que pide la intervención del Consejo de la Magistratura en la selección de los magistrados».
Por el radicalismo, Oscar Aguad fue apocalíptico: «Con este sistema los tiempos se van a empeorar, esto es un paso atrás. En algún momento la Corte Suprema va a decir que las sentencias dictadas por estos magistrados son nulas».
Por el macrismo, el porteño Julián Obiglio explicó: « Estamos de acuerdo en que las vacantes en los juzgados sean cubiertas por jueces de la misma jurisdicción, como ha sido tradición en la Justicia, pero estamos en desacuerdo en que las vacantes sean cubiertas por jueces designados por el Poder Ejecutivo sin intervención del Consejo de la Magistratura».
El proyecto no fue enviado por el Poder Ejecutivo, aunque sí presentado en el Senado por el santacruceño Nicolás Fernández y Miguel Angel Pichetto.
Es decir, fue hecho a medida de las indicaciones de la Rosada. Establece que en caso de recusación, excusación o licencia de jueces de primera instancia, nacionales o federales, la cámara de la jurisdicción designará como subrogante o suplente a un juez de igual competencia de la misma jurisdicción.
Pero si ese procedimiento no pudiera cumplirse, el nombre del juez sustituto saldrá de un sorteo de una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo, que cada tres años deberá contar con acuerdo del Senado. También se contempla designar entre diez y veinte conjueces por cada cámara nacional o federal; según la necesidad y para no generar un caos judicial inmediato prorrogan las actuales subrogancias de primera o segunda instancia, nacionales o federales, hasta que se aplique el nuevo régimen.
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