La historia del decreto comenzó en abril cuando se reunieron en La Rioja autoridades de gobierno, empresarios, productores y sindicalistas de las cuatro provincias con el entonces jefe de Gabinete En esa reunión, Capitanich había asegurado que iba a «posibilitar el desarrollo de instrumentos que permitan que la Argentina sea una nación integrada», y ratificó la decisión del gobierno nacional de «trabajar con las provincias en políticas diferenciales».
Sin embargo, según los sectores involucrados, el actual jefe de Gabinete «tiene pisado» el decreto y se niega a presentarlo a la firma del presidente
El decreto que habían consensuado las provincias con Nación incluía una serie de medidas de flexibilización en las condiciones de radicación de las empresas afincadas al amparo de la promoción industrial. Los interesados aseguran que esas medidas no producirán ningún incremento en el costo fiscal.
Entre otros aspectos las provincias proponen «la utilización de activos improductivos para poner en marcha nuevos puestos de trabajo», incluyendo, de ser necesario, autorizar «cambios de objeto societario».
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