Avanzó Macri contra la Justicia por intervención de obra social

Mauricio Macri siguió de gira ayer por la Ciudad, esta vez en un centro de salud, mientras la Justicia le complica la intervención a la obra social de empleados municipales.

El conflicto que Mauricio Macri afronta con la Justicia y con los sindicalistas por la intervención de la obra social municipal podría llegar hasta la Corte. Es lo que entienden los abogados que asesoran a Macri y que aseguran que aún no se ha desatado un conflicto de poderes sólo porque el Gobierno porteño viene acatando las decisiones judiciales que dos veces le resultaron en contra.

El Gobierno presentó ayer la apelación contra la decisión de una jueza que le rechazó dos veces la medida de intervenir a la prestadora de los municipales (ObSBA). Pero el segundo decreto de Macri se fundó en una ley y la resolución de la magistrada, Elena de Liberatori, no objetó la norma, que es la que permite que el jefe de Gobierno intervenga el organismo. En cambio, la jueza rechazó que por decreto se desplazara al directorio de ObSBA.

«Es un fallo inentendible, un disparate que no tiene sustento jurídico», dijo Macri.

Convivencia

Lo cierto es que ayer convivió el directorio original, que preside el sindicalista Patricio Datarmini, con Jorge Rey, el interventor que designó Macri y que estaría dispuesto a hacer un relevamiento de todo lo que acontece en la ObSBA, incluidas las contrataciones. Por ahora no puede, porque el directorio se reserva la firma.

En medio de la puja, en la cual el macrismo amenazó con la posibilidad de un enjuiciamiento a la magristrada, un alivio resultó ayer para el macrismo que un ex concejal haya presentado el pedido de jury la semana pasada.

Se conoció ayer la presentación contra la jueza Liberatori, el mismo día en que el Gobierno porteño presentó la apelación al fallo de la magistrada y cuando los legisladores del oficialismo prometieron estudiar si existen verdaderas causas para el enjuiciamiento. Saben que un pedido de esa naturaleza no depende de los diputados que integran la Comisión de Enjuiciamiento junto con abogados y jueces.

Ahora los diputados de Macri esperarán qué es lo que resuelve el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al pedido de enjuiciamiento, que fue presentado por el abogado Marcelo Gey, pero en un caso relacionado con el Tattersall de Palermo.

Si bien la cuestión parece lejana a Macri, el jefe de Gobierno en algún momento deberá dejar de hacer mutis con respecto al tema del juego en la Capital Federal, ya que viene renunciando siquiera a opinar acerca del avance del gobierno nacional sobre lo producido por las apuestas en el distrito porteño.

Resulta que Gey solicitó el enjuiciamiento de Liberatori porque, según fundamentó en la presentación, «dio lugar al amparo sin verificar que al actor, la firma Tattersall SA de Palermo, le había sido rescindido el contrato de concesión por parte de la entidad propietaria, la Lotería Nacional, que le inició juicio de desalojo».

El pedido de remoción por supuesto «mal desempeño de sus funciones», porque, supuestamente, la jueza, en el marco de una causa relacionada con la habilitación del Tattersall de Palermo, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Tattersall «sin verificar» que le había «sido rescindido el contrato de concesión por parte de Lotería Nacional».

Tras el fallo, el Tattersall volvió a funcionar después de estar cerrado, en marzo del año pasado, por disposición del Gobierno porteño ante la falta de una habilitación en regla, según comentó Gey.

Pero, además, el Gobierno capitalino mantiene un conflicto con Lotería Nacional por los terrenos que maneja en la Capital Federal, entre ellos el Hipódromo de Palermo, ya que mientras la Ciudad reclamala jurisdicción de los terrenos, los concesionarios sostienen que la jurisdicción es de la Nación.

Al margen esa controversia, de la que de todos modos deberá ocuparse Macri en algún momento, el procurador porteño, Pablo Tonelli, sostuvo que la resolución de la jueza «no tiene sustento jurídico», en relación con la decisión de rechazar que se desplace al directorio de la obra social municipal.

Reaparición

Tonelli, además, aseguró que «Rey había comenzado a trabajar plenamente y cuando se conoció el fallo de la jueza, el directorio de la obra social reapareció y se produjeron esas dos administraciones».

Ahora, Liberatori tiene tres días para elevar la apelación a la Cámara y, según calcula el procurador porteño, «en dos semanas» se conocería el nuevo fallo. Pero si la Cámara le diera la razón a la magistrada, Macri está dispuesto a escalar en el reclamo y apelaría ante el Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal. Si otra vez el resultado fuera adverso, el recurso llegaría a la Corte Suprema de la Nación.