13 de agosto 2003 - 00:00

Avatares de la sesión

• José María Díaz Bancalari, Eduardo Camaño y el camañista Miguel Saredi, entre otros caciques del PJ, se ocuparon de asegurar los votos para anular la Obediencia Debida y Punto Final, incluso en el mismo recinto de Diputados.

Una vez que los oficialistas se aseguraron que los peronistas que se oponían a la anulación se abstendrían a la hora de votar o que, directamente, faltarían al plenario, respiraron aliviados. Al iniciar los preparativos, por la negativa, había alrededor de 100 diputados, entre duhaldistas, menemistas, provinciales y radicales, salvo excepciones como Margarita Stolbizer, Carlos Courel y Ricardo Vázquez que coincidían con la mayoría.

• Los PJ disidentes sumaban una treintena, mientras la UCR llegaba al medio centenar y el Interbloque Federal del interior una veintena, de acuerdo con los cálculos de Díaz Bancalari y sus amigos. En esas condiciones, la aprobación de la nulidad corría riesgo de salir perdidosa. Por eso, se operó muy fuerte y con persuasión para lograr que muchos votos en contra se transformaran en abstenciones o ausencias (ver nota aparte). Los provinciales mostraron una comitiva restringida. Llevaron la voz cantante el ex cavallista José Luis Fernández Valoni -quien recordó que perdió su carrera militar por su oposición a la represión de los '70-, y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) quien denunció que había supuestos beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar entre los activistas de izquierda que rodearon ayer el Congreso.

Los planes del gobierno quedaron habilitados cuando el PJ bajó con 80 legisladores, de los cuales sólo 10 -por caso, Jorge Escobar, Alejandra Oviedo y Griselda Herrera-habían criticado el proyecto de nulidad.

• La reunión de bloque PJ fue bastante distendida y con algunas sorpresas. A pesar de que el menemismo apareció mucho más homogéneo que el duhaldismo que se dividió, la salteña Lelia Chaya se apartó de sus cófrades del PJ de Anillaco, igual que la porteña Inés Pérez Suárez, si bien con argumentos muy sólidos desde el punto de vista jurídico.

Chaya recordó que, en 1998, apoyó la derogación de la Obediencia Debida y el Punto Final. «Y me arrepiento, porque entendí que debíamos tratar el tema jurídicamente, cuando en realidad se trata de una cuestión política», señaló. «Me equivoqué y, por eso, ahora votaré por la anulación», dijo Chaya.

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