Hace tan solo dos semanas, Fernanda Miño fue designada titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que comanda la arquitecta, María Eugenia Bielsa.
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Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana.
Hace tan solo dos semanas, Fernanda Miño fue designada titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que comanda la arquitecta, María Eugenia Bielsa.
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Esta militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la CTEP, que nació y actualmente sigue viviendo en La Cava en San Isidro, tendrá a su cargo la reurbanización de los 4.416 barrios populares existentes en todo el país.
“La política tiene que ser un instrumento para transformar la realidad de los barrios populares, que son el resultado de un Estado ausente y de una sociedad que mira para otro lado”, dijo en una entrevista con Ámbito, en sus nuevas oficinas.
Miño es catequista y comenzó su militancia política en 2016 en el marco del relevamiento de barrios que constituyó el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) llevado a cabo desde el Estado con apoyo territorial de organizaciones como Techo, Cáritas, Barrios de Pie, la CTEP y la CCC.
Este registro determinó que aproximadamente 4 millones de personas viven en los más de 4.000 barrios identificados, de los cuales alrededor del 38% son niños menores de 15 años. El 93,81% de los hogares no cuenta con red de agua corriente, el 98,81% no tiene acceso a la red cloacal, el 70,69% no accede a la red formal eléctrica y el 98,48%, a la de gas natural.
“Georreferenciar los barrios nos permitió dejar de ser una mancha negra en un mapa. Nuestra primera misión como Secretaría va a ser trabajar por el ingreso de los servicios básicos a los barrios, que es una de las cosas más importantes porque a partir de eso podés encarar la vida de otra manera”, explicó Miño.
Al relevamiento le siguió la sanción en el Congreso en octubre de 2018, por unanimidad, de la ley 27.453 - “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”. La iniciativa declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles identificados en el RENABAP, suspende los desalojos en los barrios por cuatro años y establece un marco para la regularización dominial de viviendas a favor de las familias.
“La sanción de la ley 27.453 para nosotros fue muy importante. Fue una ley muy luchada porque hasta el momento siempre se había pensado el tema de la urbanización de los barrios sin tener en cuenta qué era lo que pensaban los propios vecinos. Para nosotros va a ser una herramienta fundamental”, indicó.
Desde 2018, la integración Socio Urbana, que había estado en el marco de la jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que comandaba Rogelio Frigerio, pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, con la creación de la SISU.
A pesar de que según la cartera de Stanley durante ese período se avanzó en la integración de 78 barrios en siete provincias y de 13 barrios específicos en el Conurbano bonaerense -uno de los cuales fue La Cava-, Miño es muy crítica de la gestión del gobierno anterior en la materia.
“Por un lado hablaban de pobreza cero y por otro lado no podías comprar un sachet de leche. Para nosotros que vivíamos en los barrios fue una cuestión muy contradictoria estar reclamando alimentos para las organizaciones sociales y por otro lado, ver que se avanzaba en una serie de herramientas fundamentales -que más allá de que no tuvieran el presupuesto necesario- fueron una conquista de los barrios”, recordó Miño.
La flamante Secretaria de Intervención Socio Urbana, que en 2017 fue electa concejal en San Isidro y en 2019 precandidata a intendenta por el mismo distrito por el Frente de Todos explicó a este medio que por ejemplo en La Cava, donde ella vive, las obras llevadas a cabo por la OPISU, el organismo provincial, fueron “más bien periféricas”.
“Lo más importante para los vecinos es el acceso a los servicios y sin embargo no se ha hecho casi nada sobre el tema o algunas pocas conexiones de cloacas. La obra que iba a ser de gran envergadura y que era el desagüe pluvial para evitar que La Cava se siga inundando, nunca se comenzó”, agregó.
En el mismo sentido, no coincide con la forma en que la Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo la reurbanización de la Villa 31, con por ejemplo el reciente traslado del Ministerio de Educación de la Ciudad a su interior o la apertura de un McDonald’s. “Ellos tienen un discurso que no sé si fue tan consensuado con los vecinos o si es lo que ellos hubieran soñado. La integración tiene que ver con el ingreso de los servicios. Si se corta la luz o el agua no es de calidad, yo no sé para qué sirve que me pongas un asfalto”, describió.
Para Miño, la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia abre nuevas esperanzas: “Celebramos que este Gobierno haya querido mantener como prioridad la Secretaría de Intervención Socio Urbana y que la haya puesto dentro de un Ministerio de Hábitat”. Además, destacó como un desafío que esté a cargo de personas que vienen del propio barrio. “Muchas veces esto en la política tradicional no sucede”, dijo.
Miño desembarcó en la Secretaría con un Plan Maestro a 12 años diseñado junto a la CTEP de Juan Grabois. “Tenemos elaborado un anteproyecto sobre 4.000 de los 4.416 barrios populares. Éste tiene en cuenta las herramientas, obras y recursos económicos para que los servicios básicos puedan ingresar. Por eso estamos acá, esa propuesta fue muy interesante y es un gran desafío del Presidente poder tomar eso como propio y ponernos a trabajar en su ejecución”, afirmó.
La Ley 27.453 indica que las obras a realizarse en los barrios populares, así como las tareas de relevamiento de nuevos asentamientos que sigan a cargo del RENABAP, tendrán que estar en un 25% como mínimo en manos de organizaciones de la economía popular y cooperativas de trabajo, preferentemente de los barrios. En este sentido, Miño estableció que durante su gestión las organizaciones sociales tendrán un rol central “ya que son la base y la punta de nuestro gran proyecto”.
Como fuentes de financiamiento, la Secretaría cuenta con el Presupuesto de la gestión anterior prorrogado hasta marzo, que le adjudica $4.153 millones, más parte del 30% del impuesto País al dólar que se destinará también a obras de reurbanización.
Además, ya comenzaron las reuniones con organismos internacionales como el BID, que en 2019 había avanzado con un préstamo de u$s50 millones, y que quedó frenado tras las PASO. “Le estamos planteando a los organismos de financiamiento cuáles son los lineamientos con los que nosotros queremos regirnos. Todo lo que venga a sumar a ese trabajo que venimos haciendo desde 2016 será bienvenido. Queremos que los recursos vayan todos e íntegramente a los barrios”, aseguró Miño.
Su mayor meta al frente de la Secretaría “es poder tener la mayor cantidad de barrios integrados porque eso es la historia de muchas familias”. “La casa propia va a ser un gran sueño para los vecinos pero yo quiero por lo menos poder avanzar con los servicios básicos”, continuó.
“Que hoy esto sea política de Estado y que esté en la agenda de una Presidencia de la Nación, que miró para estos lugares de tanto sufrimiento, y que eso hoy esté en nuestras manos, me emociona profundamente. No por el hecho del cargo, sino por lo que se pueda lograr. Y esto va a ser un punto de partida de todo lo que podamos hacer, porque lamentablemente siempre se llega tarde”, concluyó Miño.
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