El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se mostró en contra del proyecto que regula la protesta social, que tuvo un primer avance en el Congreso, y consideró que "no queremos más leyes que le jodan la vida a los argentinos".
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"Los argentinos queremos trabajar y circular libremente. Basta de experimentos raros: si la protesta es legítima o no; si avisamos o no; la ruta es para circular", afirmó el funcionario en declaraciones a radio La Red.
Asimismo, Berni agregó: "Más allá de si me cae bien o me cae mal el proyecto, lo que me preocupan son las interpretaciones estrafalarias de diferentes diputados que intentan generar para solucionar algo tan simple como es asegurar a los ciudadanos el libre tránsito y su derecho a circular por donde quiera y cuando quiera en la Argentina".
"La Constitución es muy clara. El Código Penal es claro y hay que ponerles límites a las interpretaciones que cada juez hace de las leyes como es habitual", remató.
El martes, en la comisión de Asuntos Constitucionales, el Frente para la Victoria presentó un predictamen con una propuesta para legislar sobre las protestas sociales, a fin de avanzar en base a ese texto con una medida que cuente con el aval de todos los bloques.
Según señaló la titular del cuerpo, Diana Conti, el objetivo del kirchnerismo es consensuar un dictamen único que contenga todas las voces, condición necesaria para que el proyecto avance en el Congreso.
Durante el encuentro, desarrollado en el segundo piso del anexo A de la Cámara baja, opositores y oficialistas plantearon sus reparos y dudas sobre el predictamen y también se registraron cruces entre Conti y el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.
El proyecto del FpV, que es un intento de amalgamar todas las iniciativas que los legisladores habían presentado en la comisión, hace una diferencia entre "la protesta pacífica" y la "no pacífica", cambiando la idea inicial del oficialismo, que marcaba una distancia entre "legítima o ilegítima".
Según el texto, la protesta pacífica debe respetar "el funcionamiento de los servicios públicos y la circulación - garantizando la mitad de los carriles libres-" y en ella no deben "cometerse delitos ni acciones de sabotaje".
"El Estado pondrá a disposición todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la protesta pacífica, la integridad de las personas y de los bienes públicos y privados", sostiene la norma.
Establece, en tanto, que el "uso de la fuerza será limitado a su mínima expresión" y que "queda reservado para restituir derechos y para la protección de personas o grupos vulnerables, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad".
En ese sentido, también se prohíbe "la portación de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas".
El predictamen incluyó, por otra parte, las amnistías para "los delitos cometidos en el marco de protestas".
La idea del FpV es intentar un dictamen de consenso entre todos los bloques, una tarea difícil, teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre los proyectos que habían presentado los distintos sectores.
Según dejaron trascender en el oficialismo, si no se consigue un texto común, no se impulsaría la norma en el Congreso.
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