El gobierno de Macri contribuyó al golpe de Estado contra Evo Morales, según el MAS.
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart rechazó quedarse con el caso del contrabando de material represivo a Bolivia y dejó en manos de la Cámara en lo Penal Económico la definición sobre quién debe tramitar el caso.
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Es que para López Biscayart, la causa debe quedar en el juzgado a cargo de su colega Alejandro Catania, porque en ese tribunal se radicó la primera denuncia. Y es ahí donde debe tramitar toda la investigación.
La primera denuncia fue la del excamarista Eduardo Freiler, en el juzgado de Catania. Poco después ingresó la denuncia del Gobierno nacional ante Biscayart que avanzó con numerosas medidas.
En la causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a unas 11 personas, entre ellas al propio Mauricio Macri, al excancillar Jorge Faurie, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.
La denuncia de Freiler le apunta también al entonces embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Álvarez García; al entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y al exjefe del Estado Mayor Mayor General de la Fuerza Áerea, Enrique Amrein.
El excamarista también consignó el contexto en el que se habría producido el envío de material bélico al señalar que el 10 de noviembre de 2019 Evo Morales debió dejar su cargo ya que corría riesgo su vida y dos días más tarde le negó el asilo solicitado.
El Gobierno nacional denunció que el objetivo de envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia del Poder Ejecutivo.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.
Hoy López Biscayart reivindicó el sistema de sorteos en la asignación de las competencias. Para el juez, el caso debe quedar donde se radicó y sorteó la primera denuncia. Esto es en el juzgado de Catania, y es allí donde deben acumularse las presentaciones relacionadas con el contrabando del material a Bolivia.
“El sorteo de los casos se encuentra previsto en los Reglamentos del Fuero y está dispuesto para asegurar la transparencia en la asignación de las denuncias que ingresan. En definitiva, con este sistema se divide el trabajo en forma ecuánime entre los Juzgados Penales Económicos y se evita una posible afectación a la garantía de juez natural. No importa entonces cuánto tiempo haya de diferencia entre el sorteo de los expedientes –puede ser mínima- o si el magistrado titular del tribunal desinsaculado se encontraba gozando de licencia –como fue el caso-, sino que la primera asignación es la que asegura la garantía constitucional en juego”, explicó el juez al pedir la intervención de la Cámara para resolver el conflicto.
“En este caso en concreto, nótese que el fiscal tenía delegada la instrucción de la causa 721 (la primera) antes de que requiriera la instrucción de la 722 (la del gobierno). Y en esas circunstancias, optó por instar la prueba en el proceso no delegado provocando él el mayor avance del que no tenía delegado. De aceptarse el criterio del Juzgado 4, la elección del juez se habría dado por la actividad o inactividad del fiscal, lo que implica elegir al juez”, advirtió Lopez Biscayart.
Continúo su resolución: “De aceptarse ese razonamiento, la asignación de competencia en casos similares sólo dependerá de la decisión de impulso de las oficinas judiciales, en desmedro del sistema de sorteos establecido por el reglamento del fuero”.
“El caso no presenta, a criterio de este estrado y con independencia de las connotaciones institucionales aludidas por el fiscal, ninguna complejidad especial que justifique apartarse de las resultas del sorteo, con lo que no se afecta la mejor o más pronta administración de justicia”, concluyó.
En la causa consta la prueba aportada por el gobierno de la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. En la primera de ellas, el ex presidente Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.
Asimismo, el gobierno agregó la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña, en la que estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad, Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.
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