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La disputa por la banca se inició cuando Béliz, quien se postuló por el Frente Nuevo País, sostuvo que Bravo sólo lo superaba en número de votos si se sumaban los sufragios de los dos partidos que lo llevaron como candidatos. El senador justicialista por la Capital Federal alegó que no se podían sumar votos para el cargo de senador, porque esa designación era nominal y los camaristas electorales Santiago Corcuera, Alberto Dallavía y Rodolfo Munné le dieron la razón. A partir de allí, comenzaron las impugnaciones por parte del ARI, que denunció «fraude electoral» y pidió la destitución de los jueces electorales.
Bravo, patrocinado por Juan Ramón Padilla y Alejo Ramón Padilla, se presentó en la Justicia presentando su medida cautelar para impedir que pueda asumir Béliz, y para querellar a los miembros de la Cámara Electoral. A estos camaristas los acusó de supuesto fraude electoral, engaño a los electores y abuso de autoridad. Según Bravo, Riva Aramayo e Irurzun solicitaron al Senado que «no se le tome juramento (a Béliz) porque intenta apoderarse de una banca que la ciudadanía le negó en las urnas».
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