La Legislatura porteña sancionó una ley que estatiza una clínica de la Capital Federal -había sido dirigida por el ex ministro radical Héctor Lombardo-, lanzando la primera medida de ese tipo que se toma en la gestión de Aníbal Ibarra. Se trata de una expropiación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podría ser el inicio de una serie, como ocurrió con las expropiaciones, de las llamadas declaraciones de utilidad pública, que hicieron legisladores y jefe porteño para grupos de empleados de diversos rubros.
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La ley, el jueves pasado a la noche, pasó casi inadvertida como una expropiación más de las que ya lleva Ibarra media docena. En esas expropiaciones el sistema es para que una cooperativa maneje la empresa, generalmente en quiebra, y se hace un contrato por dos años en los que el gobierno paga alquileres por los inmuebles -si no resultaron expropiados-y hasta $ 150.000 de maquinarias.
En el caso de la clínica de la calle Medrano que gerenciaba la Asociación Mutualista Evangélica, en el barrio de Almagro, directamente pasa a manos del Estado porteño con la idea de transformarse en un hospital más de la Capital Federal. De acuerdo con los expedientes legislativos que generaron el despacho para llegar a esa medida, el gobierno deberá disponer de $ 150.000, que es el monto para, en este caso, aparatología clínica, pero, además, el inmueble, propiedad de la Asociación Mutualista Evangélica, costará cerca de $ 1.000.000. A eso se suma un informe del secretario de Salud porteño, Alfredo Stern, que habla de $ 1.200.000 para hacer funcionar la clínica que pasará a integrar, de acuerdo con la ley, el sistema de salud de la ciudad. Uno de los proyectos es que funcione para atención de ancianos y dolencias agudas de la tercera edad.
Con el antecedente del estudio de Stern, consideraban ayer en la Legislatura porteña que Ibarra promulgará, sin más trámites, la ley, y a los 30 días de su publicación, se inicia el proceso expropiatorio. Como adicional, la norma decide que 25 trabajadores -enfermeros y técnicos- que se habían quedado con la empresa pasen a depender del Gobierno porteño con un puntaje preferencial para cuando se realicen los concursos a los que obliga la Constitución de la Ciudad para tomar empleados para ese centro de salud expropiado. Esos trabajadores habían constituido la Cooperativa de Trabajo Salud Medrano, tras la quiebra de lo que fue la conocida clínica El Buen Samaritano.
Con esta expropiación, Ibarra da el inicio a una catarata de pedidos similares que podría provocar la ley, con muchas empresas en dificultades. Stern, en su informe, había dicho que la aparatología de la clínica era apreciada, pero que no tenía sentido disponer de más de un millón de pesos para una expropiación transitoria como las que vienen haciendo legisladores y el gobierno.
La Justicia le había otorgado a la cooperativa de empleados reconocimiento legal, y con él fueron a plantear la expropiación a los legisladores, de la empresa que pertenecía a la Asociación Mutual Evangélica. Esa entidad nombró en 1994 a Lombardo -ex ministro de Fernando de la Rúa-como director médico, ya que el ex funcionario es pastor evangelista.
En 1997 se presentó a la quiebra por deudas cercanas a los $ 18 millones, y Lombardo renunció tras ser nombrado secretario de Salud de De la Rúa, cuando el radical era jefe de Gobierno porteño. El emprendimiento, en junio de 2001, fue alquilado a la empresa Apgen New Life, que, de acuerdo con los fundamentos de la ley, sus «titulares reales eran los doctores Héctor Lombardo y Pablo Mome-ño», pero igualmente al mes la clínica cerró sin poder saldar las deudas. Hasta hace poco, sólo prestaba un servicio primario de salud sin las condiciones necesarias.
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