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Al mismo tiempo que lanzó su candidatura a presidenta, la diputada chaqueña rompió los lazos con el PS, que impulsa la legalidad del aborto en algunos casos, a través de un proyecto de ley que se elaboró sin llegar a presentarse en Diputados, de manera inconsulta, evidentemente, con la jefa del ARI y, para agravar la situación, justo cuando se aprobaba la norma de salud reproductiva.
Carrió, como Carlos Menem, priorizó la fe en Dios y la convicción católica de preservar la vida desde la concepción.
En otra explicación sobre el divorcio de sus ex socios políticos -quienes anoche hacían catarsis en una reunión de la mesa nacional de PS-, la diputada los acusó de extorsionadores, sin darse cuenta, quizá, de que el tema que los divide es ya un clásico en campañas políticas.
Como la imposición de la pena de muerte, el debate suele provocar diferencias internas, las que Carrió no quiere soportar.
Para los socialistas, «la ley fue el detonante», dicen, para referirse a la reunión de hace un mes, cuando Carrió les endilgó: «Ahora yo tengo mi partido». Lo que interpretaron como que no los necesitaba más. Luego dejaron pasar los días para ver si la legisladora cumplía su promesa de dejarlos participar en la elaboración de su programa de gobierno, el que finalmente terminaron de conocer una vez que fue presentado. Esa fue una de las razones por las cuales ni siquiera Alfredo Bravo participó del acto de lanzamiento, herido a la vez por las disidencias con respecto a la natalidad y al proyecto de la discordia que presentó el diputado Rubén Giustiniani.
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