Vialidad: La defensa de José López negó la existencia del plan "limpiar todo"

Política

Según su defensor oficial, Santiago Finn, López tampoco "cometió acciones destinadas a beneficiar al Grupo Austral", propiedad del empresario Lázaro Báez.

El defensor oficial Santiago Finn pidió la absolución de José Francisco López, el exsubsecretario de Obras Públicas condenado en otra causa por enriquecimiento ilícito. El abogado reclamó al Tribunal dejar de lado los “prejuicios” y los “estereotipos” y ceñirse a la prueba.

Limpiar todo

La defensa del exfuncionario basó gran parte de su alegato en la respuesta a la fiscalía que buscó demostrar que hubo un plan para abandonar las obras viales de Santa Cruz y pagarle todo lo adeudado a Lázaro Báez antes del cambio de gobierno, en diciembre de 2015.

“Lo que la fiscalía llama el “plan limpiar todo” fue un slogan. Pero es riesgoso en términos de verdad”, afirmó Finn. Y reclamó “poner en contexto los mensajes”. De lo contrario, aseguró “se dan golpes de efecto, pero se distorsiona la realidad”.

Para el abogado se hizo “una simplificación burda” de los chats y aseguró que lo que Diego Luciani denominó como una “huida” fue mal interpretado. Que no se refería a abandonar las obras sino a que López buscaba evitar que los trabajadores dejen sus puestos de trabajo. “¿De qué o de quién tendrían que huir? Usaron en sentido literal el mensaje y hay otras conversaciones que no mostraron y que lesdan contexto a estos mensajes”, afirmó.

En ese sentido recordó la conflictividad social y el atraso en los pagos de los sueldos que atravesaba la provincia de Santa Cruz de cara al cambio de gobierno que se venía. Y que lo que López buscaba era que los operarios cobren, que se saldara la deuda con ellos y no beneficiar a la empresa Austral Construcciones. Y explicó que en las obras siempre a fin de año se hace una liquidación final, que los empleados son temporales y una vez que cobran los sueldos se garantizan los contratos para reiniciar los trabajos luego de los recesos de rigor.

Por eso, para Finn, de los mensajes se desprende que “hay un interés genuino de que los operarios cobren. Cuando López pregunta: “si cobran, ¿se van sin chistar?” se refería a los trabajadores”, aseguró.

Según dijo el abogado “se pretendía eliminar los conflictos de la calle”. Que los operarios cobren y dejen las protestas. Para reforzar su hipótesis, reveló que en otras conversaciones del celular de López hay reclamos similares en esa misma época. Puso como ejemplo un chat con Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA en el que le reclama para que las empresas reciban pagos de certificados de obras así los operarios podían percibir sus salarios. “Había mucho nerviosismo por la incertidumbre que implicaba el cambio de gobierno”, dijo Finn.

Los chats con Julio Mendoza

Para la fiscalía, los mensajes entre José López y el representante de Austral, Julio Mendoza fueron parte de las maniobras delictivas para beneficiar a Lázaro Báez.

El abogado de López respondió que eran muchos los empresarios que le reclamaban pagos a su representado. Que a José López lo llamaban intendentes, gobernadores, gremialistas. “Todos le reclamaban el pago de certificados. No eran actos criminales”, explicó.

“El contexto de las conversaciones con Julio Mendoza es ese. No hay beneficio especial a Austral Construcciones. No hay pedido para que sea favorecido por un pago no ejecutado”, aseguró Finn.

Y remarcó que “era el cobro de una deuda exigible, no el pago de algo fraudulento”. Como prueba de esto -agregó- se acreditó que “no hubo pagos a Austral en diciembre de 2015” y Vialidad no pagó los certificados que la empresa reclamaba. “No hubo plan limpiar todo. Hubo conversaciones para descomprimir un conflicto social”, remató.

El abogado alegó, además, que los chats implicaban un canal de diálogo informal que no encerraba delito alguno, que eran parte de la gestión. Y que, si no, toda la comunicación debía ser a través de expedientes o cartas documento. Que hablar por teléfono con empresarios y funcionarios era parte de la gestión cotidiana.

Garantías procesales

Además de responder a su contenido, el defensor oficial Santiago Finn buscó desacreditar la prueba utilizada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante sus alegatos. Se trata, en primer lugar, del testimonio de López como arrepentido extraído de la causa Cuadernos. Finn advirtió que el material no fue autorizado por el Tribunal para ser incorporado a esta causa y, sin embargo, los fiscales lo incluyeron cuando alegaron.

En el juicio que lo condenó por enriquecimiento ilícito quedó demostrado que esa declaración había sido mentira. En aquella oportunidad como arrepentido, López había buscado vincular a Cristina Kirchner con el origen de los nueve millones de dólares que quiso esconder en un convento de General Rodríguez.

Este martes, el representante de López afirmó que el mismo Tribunal de este juicio había impedido la incorporación de esa declaración con el argumento que “la utilidad de los legajos de arrepentidos debe estar limitadas a la causa en la que se producen” y que, sin embargo, la fiscalía desconoció lo que habían establecido los jueces y usó igual esa declaración como prueba durante el alegato.

Por otra parte, Finn también cuestionó el uso de la desgravación de los mensajes del teléfono celular de López, que fue expuesto también a último momento y no se permitió a las partes controvertirlo o controlarlo.

Para el defensor fueron dos pruebas que se incluyeron “violando todas las garantías procesales”, por lo que pidió la nulidad parcial del pasaje del alegato de la fiscalía en el que se utilizó esa prueba. Entre otras cosas, explicó que no se pudo llamar a testimonial a las personas que aparecen en los chats con López, para poder contrarrestar las acusaciones.

Responsabilidad

Para Finn, la competencia de López según la normativa era solo la de “fijar lineamientos generales” y que intervenía en diversas obras, pero no en las viales. Se refirió a la construcción de escuelas, hospitales, etc. y aseveró que “no tenía incidencia en la designación de fondos para Santa Cruz”.

Por otra parte, la fiscalía había asegurado que el Registro Nacional de Constructores, que dependía de López, debía controlar las obras. Para Finn, en base al testimonio de Gustavo Galoni, funcionario de carrera y extitular de dicho Registro, desmintió tales maniobras al afirmar que no se cambiaron las normativas en el Registro a partir de la gestión de López y que hizo su trabajo sin “ninguna interferencia”. También que había controles externos de la SIGEN y la AGN.

Alegatos Báez

El próximo en alegar será el defensor del empresario Lázaro Báez. El abogado Juan Villanueva usará las tres audiencias otorgadas por el Tribunal y hará hincapié especial en rebatir el peritaje que - parcialmente- concluyó sobreprecios.

Le exposición de Villanueva comenzará el próximo lunes 3 de octubre a las 9:30 horas y seguirá el martes 4 y el lunes 10 de ese mismo mes.

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