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En efecto, representados por Luis Barrionuevo como presidente de la comisión de Trabajo, los gremios consiguieron el apoyo del PJ para algo más que dar de baja una norma: se propusieron, y están a punto de conseguirlo, volver atrás con todo lo que huela a modernización en la legislación de los últimos 10 años. «Vamos a dejar la 14.250 pelada», definió uno de los «gordos» en referencia a la clásica Ley de Contrato de Trabajo.
Eso sí, la maniobra será completada con otra norma: la CGT tiene previsto reponer todo lo referido a «derechos sindicales» en la legislación. Quiere decir que hay que esperar una nueva ley que permita un avance del sindicalismo en materia de «derecho a la información», balance social de las empresas, etcétera.
Los sindicatos tienen razón al celebrar su nueva «conquista». Con la derogación de la reforma conseguirán salvar «el corazón», como llaman ellos a una de las vigas maestras del sistema gremial argentino: el convenio centralizado. Una vez aprobada la reforma, no quedarán siquiera hendijas (sólo eso abría el híbrido aprobado en 2000) para que se descentralice hacia regiones o empresas la negociación colectiva. La cúpula nacional del sindicato único por rama de actividad volverá a tener el monopolio para suscribir convenios.
Además, al derogarse la ley laboral sancionada durante la gestión de Fernando de la Rúa, se daría por terminado el proceso de discusión de las convenciones colectivas de 1975, que habían perdido su «ultraactividad» (condición por la cual una convención mantiene su vigencia más allá de su fecha de vencimiento si una de las partes se niega a renegociarla).
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