"Clarín" no logró todavía hacer tolerable su ley

De manera más discreta que Manzano -quien durante el fin de semana llamó personalmente a varios senadores para pedirles solidaridad con la ley-, Héctor Magnetto, el mandamás del monopolio «Clarín», había hecho una gestión para que el Ejecutivo impulsara la medida: se trata de renegociar las deudas de empresas durante 180 días («derecho de exclusividad del deudor» cuyo plazo se sextuplica) a partir de los cuales los acreedores, en vez de tener abierta la vía judicial, deberían capitalizar su acreencia. El plazo de seis meses tampoco está claro en el texto que se discute ya que un juez podría extenderlo «sine die». Mientras tanto, al Banco Central se le otorga la prerrogativa de decidir qué compañía puede y cuál no remitir divisas al exterior. Es decir, a cuál se le da la excusa de una orden oficial para no pagar sus obligaciones contraídas en el exterior.

La ley se iba a tratar el jueves pasado, después se postergó para la mañana del viernes. Ese día se postergó dos veces la sesión (para las 10 y para las 13) y, finalmente, la aprobación quedó como un compromiso de los senadores para la reunión de pasado mañana. «Clarín», como si fuera presa de la desesperación, le dio espacio en su edición de ayer a Jorge Aguado para que reclamara en nombre de las empresas «nacionales» una sanción «urgente» de la ley. Aguado es el lobbysta de Franco Macri, el primero en reclamar una moratoria privada cuando ni siquiera se hablaba de la pública.

Con su adhesión a estas propuestas, el gobierno de Duhalde vuelve a abrir grandes interrogantes sobre su orientación y filosofía económica. Estos enigmas se vuelven específicos en algunos artículos especiales de la ley que se trataría esta semana. Concretamente: ¿por qué se obligará a los acreedores a capitalizar sus derechos asociándose con empresas eventualmente quebradas? Si se los obliga: ¿qué clase de acciones serán las de la capitalización? Porque la versión corriente del proyecto menciona acciones nominativas, no preferenciales, con lo que cabe la posibilidad de que un banco quede con 80% del paquete de una firma en cuyo directorio no tiene voto.

Lo que se discute no es insustancial. Por un lado, se afectan derechos de propiedad respecto de qué medios disponen las compañías para vindicar sus acreencias. Por otro, se obliga a un banco a quedar asociado a una empresa cuyo management no controla. O a quedar convertido en una entidad financiera y, a la vez, megaempresaria, con negocios que no necesariamente debe asumir.