El varias veces postergado juicio por la brutal y descontrolada represión de diciembre de 2001, que provocó varias muertes, arrancó finalmente este lunes con 17 acusados por distintos hechos y con el expresidente Fernando De la Rúa desvinculado del caso, tras idas y vueltas en la causa judicial.
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Son varios hechos que se investigarán en un único juicio y con 17 acusados, entre ellos el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov; y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, los de más jerarquía que serán acusados por los homicidios culposos de cinco personas en Capital Federal (en todo el país hubo 32), en la zona del Obelisco y la Plaza de Mayo.
Son los homicidios de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, aunque quien fuera acusado como autor material del homicidio de este último increíblemente quedó en el camino, mientras que también se juzgará la lesión de 116 personas.
En un único juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por José Martínez Sobrino, Rodrigo Jiménez Uriburu y Javier Anzoátegui (como cuarto estará Adrián Martín), se incluirán siete causas que integran las responsabilidades políticas y los hechos concretos, que son vejaciones, homicidios, tentativas y otros delitos.
El juicio fue varias veces postergado y, tras una dura crítica de las querellas, se iniciará finalmente este lunes y se prevé la declaración de unos 600 testigos.
La causa por las responsabilidades políticas no tiene al expresidente De la Rúa entre los acusados, pues fue desvinculado del proceso en el camino, pero sí incluye a Mathov; Santos; el comisario mayor Norberto Gaudiero; el comisario Raúl Roberto Andreozzi; y a todos ellos se los acusa por el homicidio culposo de cinco personas, lesiones de 116, y los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Se trata de la responsabilidad por la orden que se dio en las jornadas del 19 y 20 de diciembre a la Policía Federal y a otras fuerzas para reprimir a los manifestantes que ocupaban la Plaza de Mayo y sus inmediaciones.
De la Rúa insistió en que él desconocía las muertes que se iban produciendo por el accionar represivo y que no dio la orden de avanzar a la Policía, sino que la misma fue tomada por los encargados del área de Seguridad, pese a que el expresidente se encontraba sólo a unos metros, en la Casa Rosada, en el momento de los hechos.
La Corte Suprema de Justicia es la que tiene pendiente la decisión final, pues la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apeló el sobreseimiento del exmandatario ante el máximo tribunal.
En otra causa serán juzgados el principal de la Policía Federal Carlos Loforte y el subcomisario Jorge Toma por el delito de "vejaciones", a raíz de la golpiza a manifestantes en cercanías del Congreso de la Nación, que no fueron identificados en la causa pero sí hay constancias del hecho.
Por el delito de "homicidio simple" será juzgado sólo el caso de Alberto Márquez, y por tentativa los de Paula Simonetti y Martín Galli: en ese tramo están acusados el comisario inspector Juan Oliverio; el subcomisario Carlos López; los principales Eugenio Figueroa y Mario Seia; el sargento Roberto Juárez; el agente Gonzalo Firpo Castro; el inspector Norberto Sabbino; y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi.
La causa 1288 tiene como imputado al principal Víctor Belloni por tentativa de homicidio de Marcelo Dorado (aunque se lo investiga aún por varios homicidios); y la 2026 también tiene a acusado a ese mismo policía, pero por la tentativa de homicidio contra Sergio Rubén Sánchez.
Otra de las causas es contra el subcomisario de la Policía Federal Omar Bellante, a quien se acusa del encubrimiento del crimen de Gustavo Benedetto, quien fue asesinado a raíz de un disparo que recibió desde adentro de las instalaciones del banco HSBC ubicado en Avenida de Mayo y Maipú; y cuando los manifestantes arrojaban piedras contra la puerta principal.
Pero el caso de Benedetto encierra una historia de impunidad: el presunto asesinato fue adjudicado al teniente coronel Jorge Varando, quien trabajaba en la seguridad del banco, y que fue filmado apuntando su arma a los manifestantes y disparando.
Varando estaba acusado por el homicidio, pues se había constatado, por la dirección de los disparos, que desde su arma salió la bala que mató a Benedetto, pero la Corte en 2004 revocó el procesamiento por homicidio porque tuvo en cuenta un peritaje privado, no oficial, que aseguraba que los disparos del arma del exteniente coronel no fueron los que ocasionaron el deceso del joven.
Así fue como a Varando se le cambió la calificación del delito a "abuso de armas" y la causa terminó en el camino de la prescripción, por lo que sólo se juzgará al encubridor respecto a este caso pero no al autor material.
Éste juicio si bien es simbólicamente importante, pues es la primera vez luego de 12 años que se juzgan algunos de los hechos, en el camino quedaron sin resolver los crímenes de Benedetto, de Marcelo Riva, de Diego Lamagna, de la gran cantidad de heridos que tuvieron lugar en las horas previas a la caída del entonces presidente De la Rúa, quien salió en helicóptero desde Casa Rosada.
La acusación en el juicio la tendrá el fiscal Mauricio Viera, a quien la Procuradora sumó como coadyuvantes a sus pares Santiago Vismara, Fernando Fiszer y Mariano Domínguez.
El juicio estuvo varias veces postergada por la agenda que maneja el Tribunal, abarrotado de otras causas, y también por no tomar la decisión de hacerlo de una sola vez: un dato que corrobora el tiempo que tardó en llegar a juicio es que el fiscal que investigó el caso, Luis Comparatore, falleció hace unos meses y cuando aún el juicio estaba en veremos.
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