Apenas quince días antes de que estallara la rebelión del campo, los gobernadores -vía sus ministros de Hacienda y Producción-habían jugado una carta clave en favor de las retenciones, apoyando la medida a cambio de que el gobierno coparticipara esos ingresos extra o los tradujera en más obra pública para las provincias.
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Pero ese mensaje certero pareció naufragar en pos de las lealtades políticas con la Casa Rosada y expuso a varios mandatarios justicialistas a una disyuntiva pletórica de contradicción.
El propio secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el encargado de hacer cumplir la orden del gobierno: «Salgan a respaldar la medida nacional y encolumnen a los productores en esa línea», escucharon al menos cinco gobernadores de probada lealtad en el altar de Balcarce 50.
El cordobés Juan Schiaretti,el entrerriano Sergio Urribarri, el tucumano José Alperovich y el chaqueño Jorge Capitanich debieron retrotraer su discurso. Y se convirtieron en virtuales mediadores en un conflicto sin precedentes en la historia argentina.
Sólo Daniel Scioli pareció actuar por inercia y salió antes que ninguno a castigar al sector agropecuario, que en Buenos Aires lleva adelante quizás la movilización de fuerza más importante del país.
Clamor
El mismo bloque de dilectos sumó al santafesino Hermes Binner, comandante de una de las provincias -junto con Entre Ríos y Buenos Aires-más afectadas por el paro del campo. Lejos de confrontar con el gobierno, el socialista viene manteniendo un perfil dialoguista con Cristina de Kirchner desde mucho antes de asumir la gobernación de Santa Fe. Los seis, en tándem, clamaron ayer por un «diálogo sin condicionamientos» para poder destrabar el conflicto, al tiempo que advirtieron que la prolongación de esta situación no resulta beneficiosa para ninguna de las partes.
Algunos, incluso, lo hicieron desde el exterior, como Alperovich y Scioli, por estas horas en Brasil; el primero por vacaciones y el segundo en misión comercial.
Carentes de un interlocutor válido, no es la primera vez que los Kirchner depositan en los gobernadores la responsabilidad de buscar tregua en una situación atizada sin matices desde Buenos Aires. Pero en tiempos de crisis nadie se anima a contradecir la retórica de Kirchner. Mucho menos cuando las finanzas provinciales penden de un hilo tan delgado que amenaza con cortarse de la misma manera que lo hicieron en 2001 cuando todas las cuentas cerraron en rojo y anotaron una deuda pública inédita.
Esa fragilidad, paradójicamente, es producto de la asfixia que el propio gobierno nacional aplica a los estados del interior, manejando discrecionalmente los envíos de fondos y anunciando continuas subas de salarios. Ni que hablar entonces del cerco en torno a distribución de ingresos provenientes del impuesto al cheque o a las retenciones a las exportaciones, que no llegan a las provincias. Ese aglutinamientode ingresos provenientesdel interior permite justamente que el Estado central descanse hoy sobre superávit y sostenga un aumento constante en la recaudación nacional.
Bajo el nuevo esquema de retenciones, por ejemplo, las provincias de corte netamente agropecuario se pierden de recibir cerca de 254 millones de dólares, que son retenidos por la Nación y no se coparticipan.
El resto del país que no funda sus ingresos en el campo mira con asombro esta especie de dislexia que parece haberse apoderado de ese puñado de gobernadores cercado por el combate social y el reclamo de fidelidad de la Casa Rosada. La misma porfía que fluye para jurar lealtad política al gobierno, aunque eso arremeta contra el federalismo y amplíe la riesgosa dependencia que tienen hoy las provincias del Estado nacional.
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