Complica al PJ negar interpelación por Ezeiza

Todos los bloques de la Cámara de Diputados comenzaron a negociar ayer la sesión prevista para mañana en la que se debatirá la ratificación de dos acuerdos internacionales para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiamiento, pero que terminará en una protesta de la oposición por la resistencia del gobierno a enviar algún funcionario al Congreso a informar sobre las alternativas del caso Southern Winds. Ya se sabe que fracasará la sesión especial convocada por la oposición para pedir la interpelación de ministros; la guerra podrá llegar un rato después en esa sesión ordinaria. El radicalismo aumentó la presión dando a conocer todo el contenido de una denuncia penal que presentó hace dos semanas. Adrián Menem, ahora menemista independiente del bloque PJ, presentó ayer otro pedido de interpelación que tiene la originalidad de ser uno de los primeros a Julio De Vido por su relación de jefatura con Ricardo Jaime, secretario de Transporte, a quien cuestionan por la relación con SW. Y esto eso es sólo el ataque de la oposición, mientras que dentro de la propia bancada peronista se hace cada día mas difícil frenar conatos de rebeldía que piden también la presencia de ministros, al menos en las comisiones para informar sobre el tráfico de drogas. El gobierno contestó ayer dando un paso atrás: Alberto Fernández y José Pampuro borraron de sus agendas una posible visita esta semana a un plenario de comisiones en Diputados. El radical Víctor Zimmermann comenzó a ayer a enumerar las acusaciones que la UCR recordará mañana en el recinto, muchas de las cuales fueron incluidas en la denuncia penal que presentaron contra Jaime por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público: «Este es no es un caso policial, porque es el único en el mundo donde una empresa estatal está involucrada en un tráfico de drogas. ¿Qué hubiese sucedido si, en lugar de esas valijas con droga con destino a España, una sola llevase una bomba? Hemos llegado al punto de que la Argentina ofrece al terrorismo internacional una zona liberada donde ni siquiera hace falta inmolarse para hacer explotar un aeropuerto en Europa», protestó. En la acusación contra Jaime, los radicales explicaron: «El Presidente facultó al secretario de Transporte de la Nación para que, en el plazo de seis meses, capitalice LAFSA o licite estas rutas. Ninguna de estas dos cosas se llevó a cabo, sino que se armó un contrato con SW. Queda claro que lo aconsejable debió ser la licitación de esas rutas, pero el gobierno nacional firmó un acuerdo de cooperación con SW que se aprobó con Resolución 191/03 de la Secretaría de Transporte», señaló. • Protesta El otro problema que se sumará a los ya más de 25 pedidos de informes -también de interpelación al jefe de Gabinete, ministro de Defensa, secretario de Transporte, jefes militares, de Gendarmería, PAN, Policía Federal y, ahora también, al ministro de Planificación Federal- es la protesta de los empleados de LAFSA que quedaron fuera de Southern Winds cuando el gobierno decidió suspender el acuerdo con SW. «La Nación le quitó el subsidio a SW y esto trajo como consecuencia que caiga el convenio de cooperación con la empresa LAFSA. Es decir que los empleados de esta empresa estatal siguen cobrando sueldos de $ 3.000 y $ 4.000, pero sin trabajar, se cayeron los vuelos a Resistencia y otros del interior del país», esgrimen los radicales. Otro que complicará la sesión será Adrián Menem: «Hay funcionarios que tienen responsabilidades primarias en razón de sus deberes funcionales con relación con esa empresa comercial, que tornan imprescindible su presencia ante esta Cámara. Me refiero al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, bajo cuya directa dependencia se desempeña el secretario de Transporte, Ricardo Jaime». Ese pedido no tiene hoy perspectivas de éxito, pero se le sumarán suficientes radicales y aristas como para presionar.

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