Condenaron por crímenes de lesa humanidad a un exjefe de la Policía salteña durante la dictadura

Joaquín Guil y Carlos Estrada, exagente de Inteligencia, fueron encontrados culpables de secuestro ilegal, privación de la libertad, torturas y someter a picana eléctrica a Tomás Cuadri, un exempleado del Senado provincial.

Tomas Cuadri, la víctima.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó al exdirector de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, y al exagente de Inteligencia, Carlos Estrada, a 10 y 5 años de prisión por delitos considerados como crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los hechos fueron en contra de Tomás Cuadri, exsecretario del ministro de Gobierno provincial, Enrique Pfister Frías, durante el mandato del exgobernador Miguel Ragone, secuestrado en marzo de 1976 y desaparecido.

Cuadri fue secuestrado en mayo de 1976, sin orden de allanamiento, fue trasladado a la Central de Policía, sometido a torturas, sesiones de picana eléctrica y golpes durante 26 días. En septiembre de 1976 fue otra vez detenido y lo hicieron padecer -con los ojos vendados- un simulacro de fusilamiento durante una noche, en el Dique Las Lomitas, en Campo Quijano. Después fue llevado a la Central de Policía, en donde estuvo por 68 días y fue sometido a sesiones de tortura. En 1979, por tercera vez, la víctima es trasladada a la Central de Policía, en donde sufrió torturas durante 35 días, entre ellas, picana eléctrica y golpes con trapos mojados en la cabeza que le provocaron la pérdida de la audición del oído izquierdo. En todos los casos, el Ministerio Público Fiscal expuso que los operativos fueron dirigidos por Guil, sin orden judicial, valiéndose de personal de la Policía vestido de civil y armado, entre quienes se hallaba Estrada.

Ensañamiento

Durante el juicio también quedaron aclarados los motivos del ensañamiento de Guil con Cuadri. La insistencia, según el fiscal general Carlos Martín Amad, se debió a que el exmandamás de la fuerza policial buscada dar con el paradero de Pfister Frías, quien había huido de Salta a poco del golpe de Estado de 1976. El exfuncionario provincial había tenido una intervención activa en la decisión y posterior detención de Guil y de otros exjefes policiales antes del terrorismo de Estado, cuando Ragone -como gobernador- había dispuesto el descabezamiento de la cúpula policial por abusos cometidos en sus funciones. Antes del golpe, con la provincia intervenida por el gobierno nacional, todos habían sido liberados.

En su alegato, la fiscalía remarcó que el exministro Pfister Frías estuvo en la comitiva que visitó el penal de Villa Las Rosas, cuando Guil y el resto de los exjefes policiales estaban detenidos, por lo que entendieron acreditada la hipótesis de venganza de los acusados. Además, con las sesiones de tormentos, buscaron que Cuadri confesara el paradero de Pfister Frías, dato que desconocía.

Testimonios

En el juicio se destacaron como contundentes las declaraciones de los familiares de Cuadri, quienes dieron detalles de las detenciones y de las lesiones sufridas por la víctima. Otros testigos presenciales también coincidieron con lo señalado en las denuncias. Uno de ellos reconoció a Estrada como uno de los policías que participó de esos operativos ilegales.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Carlos Flores, exagente del Servicio Penitenciario, que vivía a metros de la casa de Cuadri, ubicada en la esquina de Laprida y Tucumán, en la capital salteña. "Vuelta a vuelta caía la Policía, rodeaba toda la cuadra y se lo llevaban detenido, esposado como a cualquier delincuente", sostuvo. En su relato, dijo que vio que los hombres de civil entraron en cinco ocasiones. "Se decía que lo llevaban a la Jefatura de Policía, en donde a veces su familia lo podía ver. Las primeras veces lo sacaron a cara descubierta pero después lo encapuchaban", agregó.

Una de las primeras declaraciones fue la de su hija mayor de Cuadri. "Era secuestro tras secuestro y hasta nos dejaban amenazas de bomba en nuestra casa. El último secuestro fue muy duro porque estuvo incomunicado. Yo me acuerdo bien de este señor Estrada porque lo veía cómo iba a mi casa", señaló en su testimonio Evangelina, quien recordó los hechos con detalles ante el Tribunal porque tenía seis años cuando comenzaron. Tras el tercer hecho, la familia abandonó la provincia y se instaló en Buenos Aires, en donde la víctima trabajó como portero en un edificio. Con el retorno de la democracia, le fue restituido su cargo en la Cámara de Senadores provincial.

Tras casi tres meses de proceso judicial, el TOF consideró probados los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, e imposición de tormentos, también agravados por ser la víctima un perseguido político. El tribunal estuvo integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek.