El Senado de la Nación ratificará hoy el decreto de necesidad y urgencia que crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que desmilitariza el control de los aeropuertos cuya vigilancia pasará a depender del Ministerio del Interior.
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El proyecto ingresó al Congreso en marzo de 2005, pero recién fue aprobado a principios de mayo de este año por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, por lo que se espera que esta tarde complete su tratamiento legislativo. En la Cámara alta se descuenta que el oficialismo hará pesar su número para ratificarlo con una ley.
Uno de los puntos centrales es que se desmilitariza el control de seguridad de los aeropuertos dado que hasta hace un año esas funciones eran desempeñadas por la Fuerza Aérea que, a juicio de los legisladores oficialistas y de la oposición, no debe ocuparse de temas de seguridad interior, ya que tiene otra misión en la defensa del país.
El gobierno nacional decidió en marzo de 2005 transferir el control de la seguridad de los aeropuertos al Ministerio del Interior que creó una nueva policía, luego del escándalo que se desató por el envío de dos valijas de drogas en un avión de la empresa Southern Winds.
De acuerdo con el proyecto, «la seguridad aeroportuaria será dirigida por un funcionario civil sin estado policial, sin perjuicio que también pueda ser conducida por un oficial superior de máxima jerarquía de la fuerza».
Mayor poder
La iniciativa adjudica a la Policía de Seguridad Aeroportuaria más poder del que tenía la antigua Policía Aeronáutica Nacional (PAN) para vigilar las 57 estaciones aéreas del Sistema Aeroportuario Nacional, 33 de las cuales están concesionadas.
El ámbito de aplicación de la seguridad aeroportuaria se extiende no sólo a los aeropuertos y aeródromos, sino tambiéna sus diferentes áreas e instalacionesy comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias.
El dictamen del proyecto fue firmado ayer en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico -presidida por la salteña Sonia Escudero-, aunque la oposición lo hizo en disidencia, porque pretende modificaciones en artículos menores que aluden a cuestiones aduaneras y de migraciones, las infracciones al Código Aeronáutico y la seguridad privada.
Pero la mayor crítica se la lleva el artículo 21 en su inciso 2 que faculta a la PSA a «solicitar informes, documentos, antecedentes» a «cualquier organismo» y «a personas físicas o jurídicas». Los senadores del radicalismo comandados por Ernesto Sanz consideran que ese artículo «extralimita» las facultades de la nueva fuerza y que, incluso, podría ser declarado «inconstitucional».
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