El empresario Cristóbal López, accionista principal del Grupo Indalo, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, ante el Tribunal Oral Federal N°7. “ Esta causa fue totalmente falsa y armada por el fiscal (Carlos) Stornelli y el juez (Claudio) Bonadio, explicó. Se suma así a la serie de empresarios que han empezado a declarar que, o bien los coaccionaron, o bien tuvieron que mentir sobre los delitos que se les imputaban para no perder la libertad, lo que pone en tela de juicio la instrucción del expediente.
Pero López fue más allá y reveló cuál fue el verdadero motivo por el que fueron incluidos en el proceso, a partir de lo que fue la sexta declaración de Ernesto Clarens, un financista que fungió de arrepentido, pero que fue mutando sus dichos conforme se pedía la caída de su acuerdo de colaboración. López hizo referencia precisamente a la primera declaración indagatoria de Clarens del 17 de agosto de 2018, apenas iniciada la investigación. Y a la mención específica que hizo el financista aquella vez: “No lo conozco”, había dicho sobre López al negar que pasara por su oficina para entregar los pagos que afirmaba haber recibido.
Pero, por el contrario, Clarens sí mencionó a Sebastián Eskenazi y al Grupo Petersen como que asistían a sus oficinas para realizar pagos ilegales. López remarcó que seis días después, Clarens modifica su declaración inicial para corregirse y afirmar que se “había equivocado” respecto a Eskenazi y que ahora recordaba que no eran ellos los que hacían los pagos. Pero a su vez, reveló la verdadera razón por la que se sacó a los representantes del Grupo Petersen del expediente. Eran amigos de Bonadio y existía una relación previa y paralela de intereses compartidos.
“El hijo de Bonadio tuvo una causa armada”, indicó López respecto a una denuncia que el kirchnerismo le había efectuado al magistrado respecto a bienes que poseía su hijo, en el momento de máxima tensión con Cristina Kirchner. En ese sentido reveló que como justificativo del patrimonio, esos bienes “se justificaron con dos mutuos, uno de 400.000 dólares de Mario Montoto y otro de 600.000 de Sebastián Eskenazi”.
“Por eso digo que tenían de una relación que venía de la época de Menem, cuando Bonadio era secretario de Corach. Bonadio tenía que salvarlo a Eskenazi. Siempre tuvo la protección de Bonadio” en esta causa, afirmó. Esa revelación esclarece el motivo por el que Clarens debió modificar sucesivamente sus dichos y hasta los “anexos” que presentaba como prueba de los pagos que supuestamente pasaban por él. Así, aseguró que en realidad la sigla PTC (Petersen Thiele & Cruz de la familia Eskenazi) en realidad eran CPC, la constructora perteneciente al Grupo Indalo. Clarens se negó a declarar todavía en el juicio y podrá hacerlo más adelante.
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“Lo apretaron a Clarens para que cambie su declaración”, indicó López ante los jueces, sobre las amenazas de detención que pesaban sobre el financista y respecto a la anulación de su acuerdo como arrepentido que impulsaba la fiscalía. “Celebran nuevo acuerdo el 3/9. En ese nuevo acuerdo Clarens mete seis anexos, planillas con importes y nombres. Y en el anexo 6 aparece CPC. Hasta ese día, éramos desconocidos por Clarens porque teníamos línea directa pero ahora estábamos en un escrito que tenía en su computadora. Que tampoco la aportó. Aportó hojitas. Y lo amenazaron con meter preso”, lanzó López.
“Con esta jugada lo terminan de sacar a Sebastián Eskenazi y nos entierran a nosotros. Bonadio mantenía una relación de amistad y algo más con la familia Eskenazi, especialmente con Sebastián”, aseguró.
Lo cierto es que la revelación ilumina un costado procesal que fue omitido en todo el trámite: si Eskenazi quedaba involucrado, a partir de la relación del empresario con el juez, Bonadio hubiese tenido que excusarse y todo el expediente hubiese caído.
“Nos metieron con alevosía”, acusó López. “Es una causa armada doctores. Y lo saben en tribunales. Los únicos presos fuimos nosotros. Hay sobreseídos que reconocieron poner plata. Los más importantes. Hoy no están en este proceso –en clara referencia al Grupo Techint y a Paolo Rocca-. Es una vergüenza esta causa. La palabra jamás es muy contundente. Jamás le puse plata a nadie. Nunca me hubiese podido pedir plata porque es cierto, yo tenía línea directa. Yo me podía sentar con la Presidenta y decirle doctora me están pidiendo plata”, afirmó. “Les pido que termine este calvario”, indicó el empresario que le agradeció a los jueces por ser la primera vez que lo escuchaban tras 7 años de proceso.
De Sousa apuntó a la inconsistencia de las pruebas presentadas
También fue el turno de la declaración de otros empresarios. Ese fue el caso de Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo, involucrados con la misma metodología que a Cristóbal López, ya que CPC es una empresa del grupo Indalo.
Aquí se iluminó otro aspecto sustancial. En el caso de las obras de la constructora registraban atrasos de 180 días en los pagos del Estado por lo que la hipótesis de que los pagos eran destinados a funcionarios como cohecho perdía total fuerza a partir de los hechos de que la firma quedaba a la cola de los pagos.
De Sousa hizo una extensa declaración en la que repasó también cuáles fueron las circunstancias en las que, detenido en la causa Oil Combustibles en la que resultaron absueltos en juicio, fue llevado a declarar por la causa Cuadernos. No se le exhibió la prueba en su contra y se le insinuó que declare sin sus abogados y con un defensor oficial pese a que lo habían mantenido incomunicado por horas.
Además, resaltó que le adjudican comunicaciones con funcionarios que datan de dos años antes de los hechos y que no podían haber sido la prueba de los pagos dado que las antenas celulares lo ubicaban lejos de Buenos Aires donde supuestamente se habían hecho. Apuntó a otra inconsistencia: le adjudican hechos desde antes que Indalo hubiese comprado la empresa. La mayoría de ellos temporalmente no coinciden con la propiedad de los acusados.
La acusación se vuelve más imprecisa porque no se registran las circunstancias de tiempo modo ni lugar respecto a los hechos que se endilgan y engloban todo bajo el supuesto de una asociación ilícita en la que no se precisa ni de dónde salió el dinero ni de qué se acusa. “No sé de qué defenderme” afirmó De Sousa leyendo los dos extractos de la fiscalía y la querella donde se enuncia una acusación genérica y poco precisa.
Las declaraciones de los empresarios empezaron a romper un dique desde la semana pasada en el juicio. Desde el primero que mencionó que fue coaccionado a mentir ante la amenaza de ir preso hasta los que afirmaron que poseen registrado por escribano que iban a falsear sus dichos ante la amenaza cierta de quedar detenidos. No solo niegan los hechos, sino que se vieron forzados a mentir por los propios investigadores. Hubo una secuencia peor: en la última jornada contaron que ubicaron todos juntos a un grupo de empresarios en una sala, no por separado, e hicieron ingresar a uno de los hombres de negocios esposado y lo dejaron unos minutos todos en el mismo lugar. Luego afirmaron que era un error y lo retiraron. Se consumaba así una puesta en escena visual. Ese podría ser su destino sino declaraban.
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