Daniel Rafecas y Horacio Rodríguez Larreta
El juez federal Daniel Rafecas quedó mucho más cerca de acceder a la Procuración General y despeja el horizonte con vistas a la audiencia pública ante el Senado, que todavía no tiene fecha. Tras finalizar el período de presentación de adhesiones e impugnaciones a la candidatura propuesta por el presidente Alberto Fernández, cosechó una importante cantidad de apoyos y solamente tres vetos.
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La más relevante de esas oposiciones, a nivel simbólico, fue la presentada en su contra por el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. El magistrado lo envió a juicio oral en un tramo del capítulo local del escándalo Odebrecht. Pero más allá de constituir un mensaje interno que genera un ruido cada vez más intenso dentro del Frente de Todos, la objeción del exfuncionario termina por ayudar a Rafecas en su carrera para ser el jefe de los fiscales: tendrá un argumento más para arrimar voluntades en la oposición, agitando esa impugnación en clave de posicionamiento político. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que el candidato está a un puñado de votos de alcanzar los dos tercios necesarios para convertirse en el jefe de los fiscales proyectando una hipotética votación. Y es factible que cuente con un apoyo fundamental dentro de Juntos por el Cambio.
El único dirigente con responsabilidad de gestión -Horacio Rodríguez Larreta- está dispuesto a abrir la negociación con una lógica de gobernabilidad. Ayer hubo una reunión en la que el tema se esbozó en la mesa de conducción política entre los gobernadores y los jefes partidarios.
Rafecas cerró el período abierto del Decreto 222 con números más que favorables: casi 700 adhesiones de ámbitos académicos, judiciales, de Derechos Humanos, organizaciones sociales, dirigentes políticos y particulares. No hubo objeción alguna de la AMIA/DAIA ni del diputado PRO Waldo Wolff, quien abiertamente había salido a anunciar que iba a intentar que la candidatura naufrague merced a los encontronazos que generó el descarte de la denuncia de Alberto Nisman por inexistencia de delito en 2015.
Por el contrario, hubo apoyos de amplio espectro en muchas áreas, incluyendo la judicial. Familiares de las víctimas del atentado como Memoria Activa o 18-J presentaron su aval. Influyentes magistrados de tribunales y cortes del interior del país hicieron lo propio.
El juez de la corte bonaerense y excolega de Rafecas, Sergio Torres, envió su adhesión, lo mismo que María Eugenia Capuchetti, la única jueza de instrucción nombrada por concurso durante la era Macri. Martina Forns y Fernando Strasser han sido identificados a lados opuestos de la “grieta” judicial. Allí estamparon sus aprobaciones. Baltasar Garzón por el cupo internacional también rubricó su adhesión, así como la mayoría de las universidades nacionales. La UBA, a través de su rector, Edgardo Barbieri, respondió la pregunta del Ministerio de Justicia con un recorrido por la formación de Rafecas y lo calificó como “dotado de un talento especial y probada experiencia” también para acreditar su labor como docente. Ana María García, la viuda de Esteban Righi, hizo sumar su nombre al listado. Gesto de alto simbolismo para el albertismo.
Como contrapartida, hubo tres impugnaciones. Una fundación llamada “Apolo”, un abogado y De Vido. La posición del exfuncionario -enfrentado cada vez menos sigilosamente con la estrategia para la Justicia de Alberto F.- servirá a Rafecas cuando tenga que defender su pliego ante el Senado. Las voces de la UCR que puedan enfrentarlo quedarán simbólicamente en la misma vereda que el exministro. El oficialismo tendrá que analizar luego qué mensaje le envía De Vido con esta sonora oposición.
Por el perfil del candidato no sorprende la cantidad de apoyos y su origen. Lo que sí inaugura un nuevo panorama a nivel político es la gestualidad que proviene de un sector de Juntos por el Cambio, sobre todo en torno a Rodríguez Larreta. Conscientes de que no sería redituable bloquear un postulante, hay un importante grupo que pugna por aplicar una lógica de gestión y de gobernabilidad. De fondo se dirimen negociaciones por quita de coparticipación y el cariz de relación que mantendrá el jefe de Gobierno con el Presidente, aplicado a un ejemplo práctico. Existen otros motivos para que no exista antipatía: el juzgado de Rafecas tuvo una intervención exitosa respecto a dos cuestiones sensibles para la administración porteña. Una fue la resolución de un conflicto con el Paseo del Bajo que tenía incidencia en el predio del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético.
El juzgado medió durante dos años para firmar un convenio con la organización de sobrevivientes que permitió destrabarlo. También hubo gestiones judiciales por el desmantelamiento de la cárcel de Devoto y la conservación del “Pabellón Séptimo” con una medida de no innovar respecto a esa masacre que permitió continuar con el proyecto.
En ese cálculo hay un puñado de nombres que separan a Rafecas del número mágico de dos tercios. La neuquina Lucila Crexell, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Alberto Weretilneck y la riojana María Clara del Valle Vega integran la lista de los cinco o seis votos de diferencia. En ese esquema, que podría reducirse, juega la influencia de Juntos por el Cambio en su bloque presidido por Humberto Schiavoni e integrado por Galdys González, Esteban Bullrich y Guadalupe Tagliaferri, entre otros. Con números tan finos, las eventuales ausencias al momento de la votación son la forma de plasmar acuerdos políticos y acercar la meta al objetivo de cubrir un cargo institucionalmente relevante.
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