Un sector gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) alertó que el proceso electoral en el sindcato docente previsto para el próximo 10 de octubre está en "crisis" y aseguró que "peligra la democracia sindical" en la entidad.
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Según denunciaron los afiliados, la Junta Electoral de la UTE presenta muchas irregularidades jurídicas, lo que pone en evidencia que el gremio conducido por la dupla Angélica Graciano y Eduardo López está "frente a una verdadera crisis institucional".
La semana pasada se presentó la renuncia de una integrante de la Junta Electoral del sindicato, ante la falta de imparcialidad y las prácticas de persecución y hostigamiento hacia la lista Púrpura-Verde-Granate.
El martes 29 de agosto la Junta Electoral del sindicato publicó una resolución "interpretando" el Estatuto, e informando que para votar en las próximas elecciones todo afiliado debe ser previo al 31 de marzo, con carácter de cotizante regular y mensual. En la misma resolución la Junta rechazó la afiliación de 300 personas utilizando estos argumentos.
Al mismo tiempo, y a partir del trabajo detallado de los docentes de la CTE y La Granate con el padrón provisorio, se detectó que la misma Junta incorporó a más de 800 personas que no cumplen con estos requisitos impuestos por el propio órgano electoral. "Una vez más, la falta de imparcialidad de la Secretaria General y el adjunto de la UTE quedó en evidencia", alertaron.
A 30 días para las elecciones, los gremialistas expresaron que todavía "no hay información pública del padrón definitivo" y remarcaron "se realizaron cambios de las mesas de votación publicadas en la convocatoria, luego de la presentación de avales de la lista opositora". Todas irregularidades que violan los principios de la Ley Electoral, aseguran.
Según pudo saber este medio, por estas irregularidades ya se abrió una canal de diálogo en el ámbito del Ministerio de Trabajo para regularizar la situación y garantizar la democracia sindical. "En un contexto de avance de la derecha, hacer peligrar la institucionalidad con prácticas antidemocráticas es un error muy grave y costoso para el sindicalismo", sentenciaron los denunciantes.
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