El espacio presidido por Mauricio Macri y liderado en la Cámara baja por Cristian Ritondo se sumo al rechazo ya manifestado por otros bloques.
El bloque PRO rechaza el decreto impulsado por Javier Milei.
El bloque del PRO en la Cámara de Diputados se sumó al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial que tiene como objetivo limitar el acceso a la información pública: "Garantiza un derecho esencial en cualquier democracia".
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"Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N* 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri", reza el comunicado en su primer párrafo.
El texto fue publicado a través de la cuenta oficial del partido amarillo en la plataforma X (ex Twitter) y se suma a las discrepancias que el PRO arrastra respecto a los proyectos y decretos impulsados desde el Poder Ejecutivo de Javier Milei.
En un tono crítico, los legisladores del PRO señalaron que "esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado".
Y agregaron: "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".
Organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro rechazaron la modificación de la ley de Acceso a la Información Pública que dispuso el Gobierno de Javier Milei a través del decreto 780/24. Aseguran que busca restringir un derecho fundamental para la democracia y denuncian que es una "seria regresión" en la transparencia estatal.
El Poder Ejecutivo avanzó ayer en la modificación de la reglamentación de la Ley 27.275, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada. Ante ello, un grupo de organizaciones expresaron su "preocupación" por la normativa y aseguraron que "intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública".
El documento lleva la firma de 20 asociaciones, entre las que se encuentran Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Escuela de Fiscales, entre otros.
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