El gobierno nacional comenzó a delinear ayer un paquete de cambios al proyecto de estatización de las AFJP que tendrá en cuenta algunos de los reclamos de la oposición y sus bloques aliados. Este lifting previsional no contempla la intangibilidad de los fondos, pero en cambio incluye el concepto de especificidad y además amplía el control sobre los 100 mil millones del pesos que ingresarán a las arcas de la ANSeS.
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«No estamos de acuerdo con la intangibilidad ni con poner esos recursos en una caja de zapatos, eso es un absurdo. Pero en cambio, a pedido de la oposición, estamos dispuestos a avanzar en el texto de la ley con la especificidad de los aportes; esto significa que no se van a poder invertir fuera del país, ni destinar al pago de la deuda externa, ni a gastos corrientes», reveló ayer a este diario el diputado oficialista Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
El legislador formoseño se reunió la semana pasada en Olivos con Cristina de Kirchner, Amado Boudou, para analizar el futuro del proyecto de ley que será debatido el miércoles 5 de noviembre en el recinto. Ayer, Díaz Roig reveló un nuevo encuentro, esta vez, con el jefe de la bancada kirchnerista del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, para evaluar los pedidos de cambio al texto del proyecto que llegaronno sólo desde la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, sino también desde el mismo oficialismo.
Análisis
«El proyecto tal cual está es muy bueno; si hay diputados o bloques que acerquen iniciativas, se van a analizar. Nuestro bloque está dispuesto a considerar aquellas iniciativas que han anunciado que en líneas generales acompañan filosóficamente la idea del proyecto», explicó Rossi, quien asegura que la estatización de las AFJP no reeditará en el Congreso la batalla por las fenecidas retenciones móviles.
«La idea de limitar el uso de los aportes dentro del país, desde mi óptica personal, es muy buena porque apunta a invertir los fondos en actividades que generen trabajo genuino, en blanco, que generan nuevos aportes y así se retroalimenta el sistema previsional. Pero la idea es que no se puedan utilizar para gastos corrientes del gobierno, como salarios, servicios o compra de insumos», se entusiasmó Díaz Roig.
El proyecto de ley enviado por Cristina de Kirchner al Congreso prevé, además, la creación de una comisión parlamentaria bicameral que controlará el destino de los fondos que pasarán a la ANSeS. Pero ayer Díaz Roig recordó que el oficialismo estaría dispuesto incluso a que «la Auditoría General de la Nación, que está controlada por la oposición, la SIGEN, y un cuerpo colegiado integrado por representantes de los trabajadores, los empresarios y los jubilados» participe de la fiscalización de los aportes.
La intangibilidad -especificidad en el léxico kirchnerista- y la participación de asociaciones de jubilados y trabajadores eran dos de los reclamos centrales de radicales, macristas, diputados de la Coalición Cívica, y hasta de Consenso Federal de Julio Cobos, quienes aseguraban que los aportes de los jubilados podrían ser utilizados por el oficialismo para financiar desde obra pública hasta su campaña legislativa de 2009. Por eso Rossi y Díaz Roig salieron a calmar la ola de versiones con nuevos detalles sobre el destino de los 100 mil millones de pesos que ingresarán a la ANSeS.
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