Dividido, PJ posterga la anulación del punto final

Presionado por el gobierno, el peronismo se prepara para bajar mañana al recinto de Diputados para debatir la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos, impulsada por Patricia Walsh, de Izquierda Unida.El PJ, que corre riesgo de fracturarse por esta polémica sesión, intentará forzar un cuarto intermedio de 7 días para acordar, por lo menos con la UCR, con texto común que declare «inoponibles» estas leyes o una fórmula similar que los deje a salvo de la acusación de cobijar cualquier violación de los derechos humanos (aun cuando la aplicación quede en manos de Tribunales), y así permitir la reapertura en el país de los juicios contra militares sospechados de haber cometido delitos aberrantes, según los deseos de Néstor Kirchner. Dentro de 48 horas, podría aprobarse en general la propuesta de Walsh, pero postergar la definición del articulado.Tanto el oficialismo como la principal bancada opositora rechazan el proyecto de Walsh: declarar lisa y llanamente la nulidad y la inconstitucionalidad de leyes e indultos, (esta facultad sólo le corresponde a la Corte), lo cual resulta inaceptable para la mayoría de los legisladores con cierto conocimiento en Derecho.En medio de una áspera polémica interna, el bloque justicia lista no tendrá otra alternativa que enfrentarse a Walsh en el hemiciclo y, puertas afuera del Palacio, a la movilización de un centenar de organizaciones de izquierda y de derechos humanos -muchos de ellos simpatizantes del actual gobierno-, mezclada con la campaña porteña de IU, encabezada por el comunista Patricio Echegaray.Hasta ahora, la táctica oficialista consiste en bajar a la sesión, pero pedir un cuarto intermedio para acordar un texto común. No habría demasiada distancia con el radicalismo, tal cual adelantó este diario. Los justicialistas María del Carmen Falbo (Buenos Aires), Ricardo Falú (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta), a instancias de un desesperado José María Díaz Bancalari, encontraron una insólita redacción de apuro que, sin caer en la anulación (algo objetable desde el punto de vista jurídico y político), habilitaría a la Justicia a dejar sin efecto la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde.Se trata de una salida de emergencia, muy discutible desde cualquier punto de vista. La iniciativa señala que «los hechos y delitos, cualquiera haya sido la fecha de su comisión, que satisfagan la definición del Derecho de Gentes, como crímenes de lesa humanidad conforme a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, o contrarios a los principios de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y demás tratados y convenciones internacionales ratificados por la República Argentina, son insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción». En el artículo siguiente, se apela a una figura del derecho civil (a juicio de varios doctrinarios, sería inapropiado trasladar el término al campo penal) para establecer que al primer punto «no le serán oponibles las leyes 23.492 y 23.521», en alusión a las denominadas leyes del perdón sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y derogadas en el último tramo del mandato de Menem. Los redactores sostienen que la palabra «inoponible es un sinónimo de inválido o nulo». Admiten que es una «forma excepcional» provocada por una «decisión política, a raíz de que la Corte anunció que no fallará sobre la cuestión mientras no estén los 9 ministros presentes». Con la designación de Eugenio Zaffaroni sin confirmar en el Senado y la posible suspensión de Eduardo Moliné O\'Connor el mes que viene en el marco del juicio político, parece difícil que la Corte funcione a pleno en los próximos meses. Los radicales, que se adelantaron con una propuesta propia, prefieren inspirarse en una inquietud del senador peronista Jorge Yoma (ellos reivindican un antecedente de 1995, de Hipólito Solari Yrigoyen), muy cercana a la fórmula que encontraron los peronistas. Amén de exigir que el Ejecutivo ratifique la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, plantean que «no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los delitos mencionados en la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y los delitos previstos en el art. 10 de la ley 23.049, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido». Esa convención no rige porque pese a que se votó por ley la adhesión, el Poder Ejecutivo nunca comunicó formalmente ese hecho a la ONU.

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