Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Eugenio Burzaco, jefe de la PM.
La iniciativa del Gobierno porteño de sumar vigiladores privados a las tareas de seguridad en la Ciudad generó los primeros rechazos en la oposición. Desde el bloque de Proyecto Sur, que a nivel nacional conduce Fernando "Pino" Solanas, hablan de "una improvisación más" del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. En la Coalición Cívica la calificaron como una "propuesta electoralista y marketinera que no tiene consenso político". Y desde el despacho del sabattelista Gonzalo Ruanova afirmaron que es un plan "tremendamente controvertido" porque la seguridad la tiene que brindar el Estado, y no la población civil.
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Montenegro anunció que este miércoles firmará un convenio con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi), por el cual se capacitará al personal de vigilancia para que estén en condiciones de emitir alertas a la Policía Metropolitana ante presuntos casos de delitos, conflictos civiles o médicos en la vía publica. Según el funcionario, el sistema comenzará a funcionar en las Comunas 12 y 15, que abarcan a unos diez barrios porteños: Chacarita, Villa Crespo, Villa Ortúzar Paternal, Parque Chas, Agronomía, Villa Pueyrredón, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. Para emitir los alertas a cada agente privado se le proveerá un celular.
Esas llamadas serán recibidas en un call center que lleva por nombre Centro Único de Comando y Control (CUCC), que recién ayer se abrió la licitación pública para su construcción y que se estima podría demorar varios meses. Según el ministro, "es importante que haya una participación de la sociedad civil. No dejan de ser más ojos en la ciudad, si uno de alguna manera puede firmar un convenio con ellos y darles una capacitación, esto va a permitir una red de comunicación e información informal". La red implicaría que en un futuro a los vigiladores se le sumen los encargados de edificios, canillitas, kiosqueros y taxistas. Los sindicatos todavía no se expresaron.
En diálogo con ámbito.com, Rafael Genetili, vocal de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, aseguró que "en el plan de seguridad que envió el Poder Ejecutivo al cuerpo no se contempla ninguna medida este tipo, con lo cual queda demostrado que es una acción totalmente improvisada". Genetili planteó que es una disposición "totalmente equivocada" por tres razones.
La primera apunta a la no retribución económica del personal privado por las nuevas funciones. "¿Porqué le vas a agregar una tarea que excede su ámbito de trabajo para lo cual le pagan, y además hacerlo gratis?", se preguntó. La segunda refiere al rol de controlador del Estado capitalino de esas firmas. "Las funciones del controlado con el controlante deben estar lo más alejadas posibles. Acá las acerca y las superpone. Montenegro es el mismo que controla a las empresas y la vez es el que les pide colaboración. Hay una contradicción de incompatibilidad manifiesta".
La tercera responde a una posición ideológica. "Quieren sumar paranoia a un problema que ya existe. La paranoia termina en abusos, en excesos, en mayores niveles de violencia en la sociedad", sostuvo Gentili.
Sobre la "red de comunicación informal", el diputado de Proyecto Sur consideró que con esta medida buscan "transformar a toda la población en policía sin ningún criterio de qué es delito y qué no, cuándo una persona es sospecha o no. En todo caso, ya existen los teléfonos donde cualquier cuidando puede llamar para que la policía intervenga".
Para el legislador de la Coalición Cívica Juan Pablo Arenaza, antes de lanzar estas iniciativas hay que hacer "un trabajo previo" porque "tiene que estar muy controlado", además de pasar por la Legislatura. "Hay que gente que con un curso de un mes, sin ningún tipo de preparación, ya está trabajado. Este tipo de medidas tan controvertidas tiene que tener apoyo político, porque sin algún tipo de consenso nacen mal. Debería pasar por la Comisión", afirmó.
Pero el carrioísta vicepresidente de la Comisión de Seguridad va más allá y en conversación telefónica con este medio planteó que la seguridad privada en la Capital está "muy descontrolada". "El Gobierno ni siquiera tiene una base de datos confiables para ver quién está en las empresas de seguridad privada, en términos general no estoy de acuerdo", expresó.
Montenegro explicó en declaraciones radiales que la idea se sumar a los vigiladores surge por la demora en llegar con la PM a todo el distrito. "El desarrollo de la Policía Metropolitana completo tarda alrededor entre siete y nueve años. Estamos avanzando de dos a tres comunas por año. Se trata de ir desde los perímetros de la Ciudad hacia al centro".
Desde el despacho del legislador Gonzalo Ruanova, vocal en la Comisión por nuevo Encuentro, un asesor experto en este tema reveló que la ley de seguridad pública ya tiene incorporados mecanismo de participación civil para prevenir delitos. "La legislación es rica en eso. Lo que ocurrió es que este Gobierno no lo puso en operatividad. Hace más de un año que los foros de seguridad o de participación ciudadana están incluidos en la ley, mecanismos ya hay", recordó el especialista que trabaja para el diputado del moronense Martín Sabbatella.
Ante la ausencia de un proyecto de ley, el colaborador de Ruanova agregó que para poner en marcha el sistema de alertas es necesario un decreto o una resolución que fije claramente los parámetros mínimos para emitir una señal a la Metropolitana. "Sería bueno que se haga bajo un protocolo. Lo malo es que se haga de manera desordenada. No puede avanzar sobre algo tan sensible sin dar algunos visos de normatividad. No contar con un protocolo no normativizado es una barbaridad", indicó.
Al desmenuzar la propuesta, Montenegro mencionó que este sistema se aplica en distintos países del mundo. En Italia, por ejemplo, se lo conoce como las patrullas ciudadanas de Silvio Berlusconi. En Uruguay una experiencia similar terminó en fracaso. Se intentó incorporar a los taxistas frente a hechos reiterados de inseguridad de noche, que mediante una luz alertaban a la autoridad más cercana. Pero esa práctica generó un alto índice de conflictividad porque victimizó a los choferes de taxis, que no estaban capacitados para realizar esa tarea. Alertaban compulsivamente, no actuaban bajo protocolos de normatividad y aumentó la víctimización de los taxistas porque se los interpuso en el medio de un conflicto de seguridad.
Las tres fuentes consultadas por ámbito.com coinciden que es un anuncio electoralista. "Lo que hace Macri es largar este tipo de cosas que después no llegan a ningún lugar, son electoralistas y marketineras, como con los motochorros o los trapitos. Es muy imprudente", sostuvo el cívico Arenaza.
El asistente Ruonova consideró que "si esto solamente se lo quiere presentar desde un punto de vista espectacular y novedoso no se van a generar soluciones, se van a atraer problemas".
Para Gentili, Montenegro "inventa cuestiones efectistas que intentan hacerlo aparecer que él está preocupado por algo".
Esta mañana, al término de la habitual reunión de gabinete semanal Mauricio Macri dijo que sumar a los vigiladores privados a la PM "es un paso más para trabajar con más eficacia en la prevención y para poder cuidar mejor y llevar tranquilidad a la gente".
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