El teniente general Roberto Bendini, titular del Ejército, ordenó ayer al general de brigada Luis Federico Anschutz -inspector general del Ejército-el envío de 10 comisiones de oficiales para que recorran los destinos de la fuerza con el objetivo de monitorear el avance de las últimas licitaciones y contrataciones efectuadas en los cuarteles. La medida surgió después de la denuncia que el jueves pasado radicó el Ministerio de Defensa en la Justicia por la presunta comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica contra 31 militares, ocho de ellos retirados, y 51 civiles.
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Esas irregularidades en diversas compras fueron detectadas el año pasado por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio a cargo del contador Jorge Argüello. Esa misma oficina estuvo encargada de «auditar» el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) en busca de irregularidades que dieran paso libre a la toma de posesión por parte de funcionarios políticos, tal como sucedió.
Los enviados de Bendini tienen la misión de revisar las carpetas de las licitaciones en marcha, sobre todo en rubros como adquisición de pinturas o enseres de bajo costo de uso frecuente, cuando la contratación apenas supera los 1.500 pesos.
Entre los uniformados se suele escuchar que es habitual el desdoblamiento de esas compras porque «un proceso completo tarda unos 90 días y el desdoblamiento permite la compra directa en dos carpetas de 750 pesos, adquiriendo el producto en forma inmediata». Si bien el procedimiento va en contra de la Ley Nacional de Contrataciones, nadie se lleva -dicen en los pasillos del Ejército- un peso al bolsillo; es un mal hábito que en rigor apunta a superar las demoras en las compras de insumos que muchas veces son necesarios en un momento determinado. Más allá de las medidas ordenadas por Bendini para ponerle el pecho al conflicto, los generales del alto mando observan cierta coincidencia en la divulgación del escándalo con la caída abrupta de los mercados de papeles de la deuda argentina. Como si la noticia de la presunta asociación ilícita de los «verdes» pudiera mitigar el efecto psicológico de los agentes económicos que desaprobaron la continuidad de Guillermo Moreno, la fragilidad de los datos del INDEC o la aceleración de la inflación. En gabinetes de inteligencia militar -nunca se reconocerá porque la Ley de Defensa lo prohíbe- se especuló con «la teoría de la bomba», aquel ardid de la comunicación atribuido al entonces diputado José Luis Manzano, quien decía que cuando hay un tema espinoso que daña al gobierno, hay que tirar otra bomba que lo tape. En esos cabildeos se mencionó, por caso, una auditoría efectuada a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) que depende de Nilda Garré, de la que no habría más registros que la ira de la ministra contra la «desprolijidad» del autor: el licenciado Carlos Aguilar, titular del organismo cuestionado.
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