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La decisión, tomada anoche por los integrantes del citado tribunal por 3 votos contra uno, marca un compás de espera en la presentación de la cámara baja para que se emitan los diplomas de los reemplazantes de los legisladores expulsados y poder avanzar en el proceso de juicio político contra el gobernador Sergio Montiel.
En la votación, los tres representantes del poder judicial en el tribunal electoral se pronunciaron por aguardar la resolución que tomará el STJ, mientras que el vicepresidente primero del Senado, a cargo de la vicegobernación, Juan Colobig, votó en favor de extender los títulos a los legisladores y no judicializar el conflicto.
El otro representante de la legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes, sorpresivamente no participó de la reunión, luego de haber sido duramente criticado por ser juez y parte en el conflicto.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Juan Carlos Ardoy, en su calidad de integrante del tribunal electoral, advirtió en la fundamentación de su voto sobre la situación actual que "está poniendo de manifiesto un conflicto muy, pero muy grave, nunca vivido en la historia institucional de la provincia".
"Aqui está latente, para ser honestos, un conflicto entre dos de los poderes del Estado y ese problema lo resuelve la luz que debe emanar del prisma de la percepción del poder judicial, del Superior Tribunal de Justicia", opinó.
Ardoy admitió que Entre Ríos atraviesa "un problema político que, como tantos otros, se judicializa porque los poderes políticos no encuentran las soluciones adecuadas para resolverlo".
El magistrado aclaró que el tribunal electoral "no es un poder del estado" y que ha sido creado "para asegurar el sufragio libre y el régimen de los partidos políticos en la provincia.
Está integrado por miembros del poder legislativo y del poder judicial y procede como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho", agrega.
En su voto Ardoy recordó también que el titular de la cámara baja, Julio Rodríguez Signes, había sido recurrido por parte de los diputados expulsados y que existe una sentencia del juez del Trabajo, Santiago Morande, que dejó sin efecto la exclusión de los legisladores y ordenó su inmediata restitución a las bancas.
A su vez, la Cámara de Diputados le pidió al STJ la nulidad del fallo del juez Morande, porque considera que avanza sobre atribuciones legislativas, como es la expulsión de alguno de sus integrantes.
El alto tribunal de justicia tiene un plazo de 10 días para resolver la presentación de la cámara baja entrerriana, pero algunos sectores de la oposición recomiendan no esperar el fallo de la justicia, hacer jurar a los diputados suplentes y avanzar con el trámite del juicio político contra Montiel.
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