Entre Ríos. Juez desestimó amparo en favor de Montiel

Fuentes tribunalicias revelaron que el magistrado tomó la decisión al considerar que "sí existe legislación específica que reglamente el procedimiento y las causales del juicio político".

Coglionesse, que el miércoles pasado había dictado una medida cautelar suspendiendo el juicio político del mandatario, resolvió, luego de analizar la apelación que formuló el sábado pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes, rechazar el amparo presentado por Kisser.

Al darle la razón a la Cámara de Diputados para que avance con el proceso, a partir de hoy comienzan a correr los plazos para que el gobernador Montiel conteste, antes del sábado próximo, el descargo sobre la acusación formulada por los diputados radicales disidentes y los del bloque Renovador (ex Alianza), que pidieron el juicio político.

El miércoles pasado, Coglionesse había dictado una medida cautelar haciendo lugar a un amparo presentado por el apoderado de Montiel, quien pidió que se disponga la "abstención de la sustanciación del juicio político hasta tanto se hubiere dictado una ley que regle el procedimiento y fije las causales".

Kisser había insistido en su presentación en el planteo del "vacío legal" dentro de lo previsto por la Constitución Provincial respecto de la figura del juicio político.

El pedido de juicio político contra el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, el octavo en los últimos cinco meses, fue presentado por los integrantes del bloque de diputados de Intransigencia para el Cambio (ex Alianza) y por dos legisladores radicales.

El documento acusa al mandatario entrerriano de mal desempeño en sus funciones, y está firmado por los integrantes del bloque intransigente Santiago Reggiardo, Adolfo Lafourcade, Ana D'Angelo y Manuel Fortuny y por los radicales disidentes, Julio Rodríguez Signes, quien se desempeña como presidente de la Cámara de Diputados, y Hernán Burna.

Entre las causales del pedido se citan el incumplimiento del ejecutivo de la ratificación de la decisión legislativa de declarar nulo el decreto 1836, de emisión de una nueva serie de bonos.

Los diputados cuestionan que en este punto Montiel no acató el mandato constitucional que lo obliga a que, una vez agotada la discusión entre los poderes ejeutivo, que vetó la ley que derogó el decreto 1836, y el legislativo, que rechazó el veto, se procediera a la promulgación y publicación de esa norma.