La solución que encontró el juez Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari al desaguisado que provocó la cautelar otorgada por la Sala IV del fuero de la Ciudad de Buenos Aires para la presencialidad escolar se pasó de “poco ortodoxa”, y terminó un par de estaciones más lejos. Ni remotamente conjuró el problema inicial para el Gobierno, sino que generó otro. La planta baja del Palacio de Tribunales, el martes, era un corrillo de mentideros acerca del “costo” que había tenido para el Poder Ejecutivo la apresurada decisión del magistrado que no logró evitar el incumplimiento a esa manda judicial por parte de Horacio Rodríguez Larreta. El pliego de su hermano, Roberto Furnari para un juzgado en ese estratégico fuero sonó como moneda de cambio. No sería una rareza. Ya fue enviado al Senado por Mauricio Macri. A la luz de los resultados, vuelve a quedar en un stand by. Mientras tanto, la Corte Suprema volvió a ensimismarse como con el caso Bruglia-Bertuzzi y se llamó a un hermético silencio sobre cualquiera de las decisiones con las que cuenta en su menú. Son mucho más que tres los caminos posibles.
La Procuración del Tesoro que conduce Carlos Zannini es la que lleva adelante la estrategia para litigar por esta cuestión. El viernes quedó claro que agotaría los plazos que le dio la Corte para entregar una respuesta para defender el DNU. Hoy, o a más tardar mañana a primera hora presentaría el escrito que podría tener ejes. ¿Sería extraño que Zannini vuelva a pedir la incompetencia de la Corte para resolver este problema aduciendo que no se trata de un caso de competencia originaria? Para nada. Menos si se releva el precedente fresco de esta semana, en el caso de la puja por la coparticipación cuando, en el mismo momento que pedía que la Corte se aparte, designaba a los funcionarios que asistirían a la audiencia que convocó el máximo Tribunal y que pasó a un cuarto intermedio en la negociación. Argumentos sanitarios y legales para apuntalar el DNU más planteo de incompetencia son una fórmula lógica que, incluso, piensan en el oficialismo, le daría la chance a la Corte de propinarle un revés al Gobierno pero ser más amables en la definición final. Cuestión táctica.
Pero la Corte también guarda celosamente su estrategia, luego de haber visto el “gol con la mano” de Rodríguez Larreta y el fallo de Furnari que pretendió contrarrestarlo pero que tuvo efecto suma cero, pero procesalmente bifurcó los caminos. ¿La Corte tendría una intervención inicial pero también se reserva volver a tomar el tema cuando escale? Lo cierto es que hay dos grandes expedientes: “Escuelas” que es la sumatoria de lo resuelto en los tribunales locales y la fórmula de dejar sin efecto la cautelar que hizo Furnari, y “Autonomía”, un asunto mucho más de fondo que es lo que en realidad se discute ante el planteo que hizo Rodríguez Larreta en la Corte. Como ocurre muchas veces en los últimos tiempos, la política juega al fútbol con las reglas de ese deporte hasta que decide resolver sus disputas en el campo de juego del Poder Judicial. Allí las reglas cambian y la pelota adquiere la forma de una de rugby. No se sabe para qué lado puede rebotar.
El principal problema del fallo de Furnari es que agrupó tres decisiones en una, pese a tener trámites previos distintos y caminos alternativos hacia el futuro. Así, ninguna de las tres soluciones fue satisfecha. El primero fue la inhibitoria con la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que el domingo pasado le dio una alegría a Rodríguez Larreta pese a ser incompetente para limitar un DNU de alcance federal. El segundo fue la propia revocatoria de esa cautelar; y el tercero fue la remisión -por declarar su propia incompetencia- a la Corte Suprema, que lo devolvió de volea a las 24 horas. Esta serie de errores no pasaron desapercibidos en el cuarto piso del Palacio, especialistas en fustigar jueces de instancias anteriores.
Furnari no tuvo -como se dice en la jerga- “a la vista” el expediente donde tramitó la cautelar porteña por los amparos presentados por un grupo de padres y ONG a favor de la presencialidad en la Capital Federal. Soslayó que el trámite procesal de una inhibitoria (como la que había pedido el Poder Ejecutivo) requiere que el juez se declare incompetente o que se trabe un conflicto de competencia que debería resolver el superior. Hubiese tenido que requerir al juez incompetente (es decir, la Sala IV) los expedientes y esperar su respuesta para verificar si hay dos tribunales disputando competencia. Y no tuvo en cuenta un detalle que había sido advertido por Ámbito: antes de la decisión de los jueces porteños, la cartera que conduce Carla Vizzotti se había presentado en la Ciudad y había pedido una “declinatoria” para que los jueces dejasen de entender en el tema. Expuso argumentos sanitarios y de ordenamiento legal para reclamar una cuestión federal. Los camaristas de Rodríguez Larreta la ignoraron. Sin embargo, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Civil y Comercial, inhibitoria y declinatoria son opciones excluyentes en términos procesales y configuran escenarios distintos hacia adelante.
Pese a que aplicó la Ley de Cautelares para dejar sin efecto la del fuero porteño, la terminó revocando sin tener el expediente y tampoco concedió las apelaciones de los padres y ONG, lo que hubiera puesto en términos “suspensivos” su propia decisión. En rigor, evitó hacer esto girándoselo a la Corte, en el tramo más “creativo” de la resolución, pero sin que se llegue a trabar un conflicto con su propia competencia en el tema. De hecho, de haberse planteado una cuestión de competencia, sería la Cámara Contencioso Administrativo Federal la encargada de resolverla. Parte de estas falencias abrieron la puerta para que las espadas jurídicas de Larreta asumieran que no pagaban ningún costo judicial incumpliendo ese fallo.
El problema es bien complejo: la causa “Escuelas” de Furnari tiene su propia vida y un recorrido en el Contencioso donde va a volver a escalar a la Corte. De la presentación que hizo como Asesora Tutelar Carolina Stanley en el mismo fuero federal no hay noticias. Más claro fue el panorama en Provincia de Buenos Aires. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata -de las más importantes del fuero- rechazó un amparo de padres aduciendo que la norma cuestionada era federal (el DNU) y que había sido emitido por el Ejecutivo. La Corte guarda bajo siete llaves pero percibe que a juego la llamaron: la causa “Autonomía” es de raigambre constitucional. Como ya se mencionó en estas líneas, el máximo Tribunal delineó una familia de fallos que enmarcan la cuestión desde 2019. Algunos de esos bordes permanecen difusos y exceden largamente la cuestión escolar. Sus esquirlas podrían desencadenar efectos en la causa por la quita de puntos de coparticipación.
El “reto” que Eduardo Casal le propinó por escrito a varias fiscales que se reunieron con el Ministro de Justicia Martín Soria expuso que el procurador interino había caído en la trampa. La reunión que tenía por objetivo crear masa crítica para modificar el proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal y tornarlo digerible para su aprobación en Diputados tuvo buena acogida. La reacción, en cambio, generó rechazo masivo, incluida la AFFUN, que es la asociación que nuclea a los fiscales. Las aludidas, gremios y corrientes internas de la Asociación de Magistrados se pronunciaron en contra de la advertencia de represalias que tuvo el “archivo” de las actuaciones disciplinarias. Casal se habría apartado de las funciones que le asigna su rol para expresar un malestar que no fue compartido. En la Procuración ven la línea de su primer anillo de funcionarios, los “Juanes”. Juan Pablo Ugarte, Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas que tienen a su cargo la “botonera” de la Procuración y les asignan la movida sobre las mujeres fiscales nacionales y federales que reavivó un conflicto nunca aplacado: los sumarios “espejo” para contrarrestar las denuncias públicas sobre fiscales de Comodoro Py que han quedado envueltos en polémicas y en causas judiciales y sobre los que no se tomó acción. La fiscal Mónica Cuñarro hará pública otra misiva en términos mucho más duros contra este tipo de accionar. No pasó desapercibida la embestida contra la fiscal comercial Gabriela Boquín, destinataria de uno de esos sumarios “espejo”. Recientemente la fiscal en uno de sus dictámenes ordenó la reparación a una niña víctima de abuso en el marco de un concurso de acreedores de una institución educativa. Boquín citó doctrina del juez de la Corte Horacio Rosatti, según la cual debería haberse aplicado en la sentencia la perspectiva de género dado que “en su relación con los tratados internacionales, los arts. 1 y 2 CCCN formulan dos referencias concretas: sostienen que los casos civiles y comerciales deben ser resueltos conforme con aquellos tratados de derechos humanos en que la República sea parte y afirman que la ley civil y comercial debe ser interpretada teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos”. Por las dudas, esta semana, Casal fue visto en una de las sedes de la ANSES tomando contacto con su expediente jubilatorio, el cual tiene aprobado y a la espera de novedades.
Soria concurrirá hoy a Diputados a las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Llevará parte de las conclusiones de su ronda de charlas con referentes del mundo jurídico y de los fiscales y ofrecerá el lápiz rojo para tachar aspectos inviables de la media sanción de la Ley de Ministerio Público que aprobó el Senado. Adiós cogobierno con la Bicameral, evitar la influencia extrema de la política en el Tribunal de Enjuiciamiento, mayores requisitos para el quórum necesario para discutir sumarios y sanciones y modificar la paridad en los tribunales para los concursos serán la ofrenda para vender resistencias. Un detalle no menor: todos los que pasaron por las reuniones dijeron explícitamente que en realidad la Constitución no exige que el cargo de Procurador será vitalicio ni que por ende se requieran mayorías agravadas para su designación. De conseguir una ley nueva, el Gobierno podría paladear un triunfo que parecía imposible y tendría a mano la cobertura de un 30% de las vacantes que hoy existen en las fiscalías.
De todas formas, Juntos por el Cambio anunció que se bajaba del encuentro porque no era prioritario en Pandemia. La oposición percibió el impacto del giro del Gobierno.
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