El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público al ex militar Ricardo Cavallo, acusado de los secuestros y desaparición del periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor.
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El magistrado decretó la clausura de la instrucción de la causa y elevó el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5).
Cavallo está acusado de participar del secuestro del escritor y periodista Walsh el 25 de marzo de 1977, en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal.
Walsh fue capturado cuando intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar", al cumplirse el primer aniversario de la dictadura, en donde denunciaba casos de desaparición, torturas y criticaba a los jerarcas del proceso militar en términos políticos y económicos.
Según el juez Torres, "la intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información".
Además, Torres dio por acreditado que Cavallo, alias "Sérpico" o "Marcelo", también participó del robo de bienes de Walsh, mientras éste se encontraba cautivo ilegalmente.
Cavallo también está procesado en numerosas causas por apropiación de bienes de personas que estuvieron cautivas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por otra parte, en la "megacausa ESMA", también fue responsabilizado por el secuestro de las monjas francesas y de Villaflor.
Torres remarcó que "los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional".
El juez afirmó que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".
"Durante el período en el que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad", añadió el magistrado.
En la causa por delitos cometidos en la ESMA también están procesados y a punto de afrontar un juicio oral y público, Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros.
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