Forcejeos por límites a publicidad

Juan Pablo Piccardo

Con una resolución que suspende por los próximos cuatro meses la habilitación de publicidad en la calle, Mauricio Macri quiere avanzar en su decisión de que Buenos Aires imite a San Pablo en su embestida contra los carteles. Pero el jefe de Gobierno porteño deberá esperar para obtener de la Legislatura porteña la sanción de la ley que dejará apenas poco más de 20% de las publicidades que actualmente están a la vista de los porteños, si es aprobada.

La iniciativa ya generó una andanada de quejas, críticas, demandas judiciales y proyectos alternativos a manos de las cámaras que nuclean a los anunciantes de la vía pública y ha dividido a propios y opositores dentro de las bancadas. Se sumaron además cartas a los legisladores, llamados telefónicos y pedidos de reuniones para frenar la propuesta, que aumentará el costo de la publicidad y que, según los interesados en que el proyecto no salga, generará desempleo.

Por ahora Macri, de acuerdo con la resolución que publicó el viernes pasado y que firma el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó los pedidos de nuevos carteles y la renovación de los permisos que estaban tramitando.

La medida da cuenta de que el Gobierno porteño elevó el proyecto de «ley de publicidad exterior» y que entonces debe adecuar «las iniciativas de emplazamientos de nuevos anuncios bajo la órbita de dicho plan».

Dice la resolución que «en los últimos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha vistocrecer la aparición de anuncios publicitarios, en forma constante y desbordante, muchas veces en zonas expresamente vedadas por la normativa que rige la materia» y que esa situación afecta el uso del espacio público «libre de contaminación». Pero, luego, la norma habla de un cambio de sistema y oficina para el otorgamiento de habilitaciones de publicidad callejera, que fundamentan la suspensión en el otorgamiento de permisos.

Con esos fundamentos Macri frena «por el término de ciento veinte días», a partir del 18 pasado, «el inicio ante la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público» de todo trámite de solicitud de otorgamiento de «permisos de anuncios publicitarios y/o de renovación de los existentes»

Disconformes

También suspendió por el mismo plazo «toda solicitud de otorgamiento de permisos de anuncios publicitarios y/o de renovación de los existentes que se encuentren en trámite».

Ayer, la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), que nuclea a 31 firmas, junto con la Cámara Argentina de Anunciantes, la Cámara Argentina del Letrero y Afines y la Cámara de Empresas de Vía Pública, difundiósu «disconformidad con el proyecto de publicidad elaborado por el gobierno de Mauricio Macri».

Las empresas, sin embargo, reconocieron «el caos imperante» en materia de anuncios en las calles, pero recordaron que el año pasado enviaron a la Legislatura su propio proyecto para ordenar el sistema, que proponía la apertura de un registro de empresas del rubro.

Acusan además de que el proyecto de Piccardo «es una réplica del Código de la Ciudad de Madrid» y que «es inaplicable en la Ciudad de Buenos Aires». No explica por qué.

Ayer, además, los publicistas desplegaron una campaña en la vía pública defendiendo la actividad.

El proyecto del macrismo busca limpiar espacios que no están hechos para la puesta de avisos, como parte de una embestida que ya comenzó el gobierno porteño, castigando la publicidad ilegal. La iniciativa que intentan aprobar los legisladores del oficialismo local acota la publicidad callejera a los carteles que están para ese fin y hasta elimina la publicidad en puestos de diarios o comercios, como carteles que sobresalgan de la línea de edificación. A cambio, propone zonas clave, como el entorno del Obelisco, para anuncios especiales.