Eduardo Luis Duhalde -no el político bonaerense sino el secretario de Derechos Humanos del gobierno- es buen jurista, fue correcto camarista y es buena persona, pero vive embarazosamente su misión de mantenerle a Néstor Kirchner calmada a la izquierda con alguna periódica medida generalmente demagógica. Estos prototipos de progresistas analgésicos, como los de ese instituto amorfo llamado CELS de Horacio Verbitsky, no pueden hablar de que haya 42% de índice de pobreza todavía en la Argentina o que subsistan 6.400.000 personas (últimos datos del INDEC) desocupadas, subocupadas o con sueldos -generalmente en negro- que no cubren la subsistencia de una familia tipo. Entrar en esos Derechos Humanos sería agresivo hacia el gobierno que subsidia todo, mantuvo 3 años al país en default y no logra inversiones que creen nuevas fuentes de trabajo. Estos progresistas reiteran el setentismo hasta cansar o caen, la nueva novedad en sus accionares, en demagogias con presos comunes en las cárceles. Estos, desde hacinamiento a comidas miserables, padecen de todo, es cierto. Pero ¿de qué sirve escarbar el tema permanentemente si no se critica también al gobierno que lo motiva por subsidiar ferrocarriles que no funcionan, o líneas aéreas que no vuelan, son superfluas o que sirven para que se contrabandee droga en lugar de destinar esas mal usadas partidas a las cárceles? Este Eduardo L. Duhalde llegó al extremo para llenar su cargo: se hará querellante contra los gobernadores por las cárceles. O sea, el Estado contra el Estado. Arrancará contra el buen gobernador de Mendoza, Julio Cobos, que le contestó con justeza: «Le devuelvo a la Nación los 300 presos que me mandaron». La filosofía del gobierno es tan errática que, en la misma línea, la Casa Rosada pagará dinero del Estado a abogados privados para que apoyen a particulares que quieran hacerle juicio... al propio Estado.
La pelea le crea un nuevo frente de conflictos al gobierno nacional que ha logrado trabar una relación con los gobernadores radicales mejor que la que tiene con muchos peronistas.
También muestra un costado escandaloso de desgobierno de un Estado que
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