Islamabad (ANSA, AFP, Reuters) - El gobierno pakistaní de Pervez Musharraf endureció ayer las medidas para controlar las protestas de islamistas protalibanes que recrudecieron en el país desde que el domingo pasado Estados Unidos atacó Afganistán, en medio de crecientes rumores de golpe de Estado. Las manifestaciones de integristas de ayer fueron custodiadas por un impresionante despliegue policial y Muhsarraf advirtió que si se detecta a refugiados afganos participando de las mismas o en actividades políticas ordenará su deportación.
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El vocero del gobierno, Rashid Queresi, debió aclarar que la situación del gobierno sigue bajo control del presidente Musharraf, y atribuyó los rumores sobre una supuesta inestabilidad a la India, país con el que Pakistán mantiene una disputa histórica por la provincia de Cachemira. Sin embargo, también son fuentes islamistas, como el partido Jamaat Islami, los que vaticinan que el gobierno de Musharraf durará poco, mientras arreciaron rumores sobre un posible golpe de Estado para anoche, que no se produjo.
Musharraf reordenó esta semana su ejército y el servicio de Inteligencia, disponiendo la baja de algunos generales que se sospechaba que podrían no ser del todo leales y prorrogando su mandato en forma indefinida. La estabilidad de Musharraf en el cargo es un aspecto esencial en la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos depositó todas las miradas sobre Pakistán no bien se produjeron los atentados del 11 de setiembre. No sólo porque ese país había sido la cuna de los talibanes y era uno de sus principales sostenes, por lo que el presidente George W. Bush necesitaba una clara definición, sino que además es uno de los pocos países del mundo con poder nuclear y ese poder en manos de islamistas que apoyan actos suicidas podría tener las consecuencias previsibles.
La respuesta de Islamabad satisfizo todas las exigencias de Washington al punto de que ayer otorgó la autorización a EE.UU. para utilizar al menos dos bases aéreas en el territorio para continuar con más ataques sobre el suelo afgano.
Las protestas de ayer en las principales ciudades -con las rituales amenazas contra Estados Unidos y los elogios a Osama bin Laden- que reunieron a unos pocos centenares de integristas islámicos, fueron controladas por gran cantidad de policías armados. El gobierno detectó que de las mismas participan refugiados afganos (son 2,6 millones en Pakistán), lo que llevó al Ministerio de Exteriores a advertir que los refugiados «no deben iniciar agitaciones políticas».
Las oficinas de los grupos integristas, incluso las de los «guerreros santos» que luchan contra el ejército indio en Cachemira, habitualmente inalterables, son custodiadas por policías armados. Qazi Hussain Ahmed, el único líder integrista de relieve que no fue sometido a arresto domiciliario, amenazó por segundo día consecutivo con llevar a «millones de paquistaníes» a la plaza contra el gobierno del general Musharraf. El jefe de Jamaat Islami advirtió que Musharraf «durará poco» como presidente.
Durante horas, circuló la versión de que se concretaría anoche una rebelión en el Cuartel General del Ejército en Rawalpindi, a 20 kilómetros de la capital. Allí se produjo un voraz incendio que fue atribuido a un «cortocircuito». En tanto, en Queta, capital de la provincia de Baluchistán, se escuchó una fuerte explosión según la cadena de televisión Al Jazeera de Qatar.
Pakistán está atravesado por profundas divisiones étnicas -con los pasthu en el noroeste, los sindhi en el sur y los inmigrantes musulmanes de India-, que soportan muy mal el exceso de poder de los punjabi, que controlan el ejército y la burocracia.
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