El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, afirmó este martes que el gobierno de la ciudad argentina de Gualeguaychú le paga a los activistas para que corten los puentes que unen ambos países, en protesta por la instalación de una planta de celulosa sobre un río limítrofe.
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"Varios uruguayos han sido afectados por la problemática que ha creado la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que recibe un pago mensual de parte del gobierno de la ciudad para poder enviar cuatro o cinco personas a los pasos de frontera y cerrarlos", dijo Gargano a los medios de comunicación.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia uruguaya aluden al bloqueo del puente internacional General San Martín que une la argentina Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), que lleva un año ininterrumpido y se ha extendido ocasionalmente a los otros dos pasos fronterizos.
La controversia se origina a raíz de la instalación y posterior puesta en funcionamiento de la pastera de la empresa Botnia, que Argentina rechaza alegando que constituye un foco de contaminación ambiental.
Asimismo, Gargano se refirió al cierre de la frontera terrestre con Argentina desde Uruguay, ordenado por el presidente Tabaré Vázquez, como medida preventiva de eventuales manifestaciones contra la fábrica.
"Es nuestra responsabilidad adoptar las medidas concretas que aseguren que no haya ningún inconveniente para nadie y que la planta siga funcionando, demostrando que no contamina", subrayó Gargano.
"Uruguay actuará de la forma que entienda más correcta en cada circunstancia, no hay un sólo método, sino varios, y el gobierno está unido para preservar las garantías, desde el ministerio de Defensa al del Interior, incluyendo Relaciones Exteriores", indicó.
El gobierno de Tabaré Vázquez dispuso el lunes la reapertura de los pasos Paysandú-Colón y Salto-Concordia, pero no así Fray Bentos-Gualeguaychú.
Gargano descartó que medidas de esta naturaleza conspiren contra el elevado flujo de turistas argentinos que llegan anualmente a Uruguay durante la temporada estival.
"Informes del sector privado dan cuenta que el 75% de las reservas hoteleras para el próximo verano pertenecen a ciudadanos argentinos", concluyó.
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