Giro: diputados PJ intentarán anular perdón

El peronismo de Diputados, a pedido de José María Díaz Bancalari, avanzó anoche en la posibilidad de debatir la anulación de las leyes del perdón, en contra de lo que originalmente pensaba Néstor Kirchner, quien prefería circunscribir el tema a la Justicia. La discusión interna -que ayer estaba lejos de cerrarse- será trasladada hoy al plenario de la bancada, entre otras cosas, porque el jefe de bloque no pudo superar anoche la resistencia de un grupo importante de caciques justicialistas que dudan de la legalidad de anular normas sancionadas por el mismo Congreso (varios de ellos exigen, incluso, una directiva por escrito del Ejecutivo en ese sentido). Los bonaerenses que no adscriben ciegamente -como Díaz Bancalari- a Kirchner animan uno de los focos contrarios a la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final. Por si fuera poco, Bancalari debe lograr una propuesta consensuada, ya que la que firmó la izquierdista Patricia Walsh resulta inviable no sólo porque declara la inconstitucionalidad de las leyes -competencia exclusiva de Tribunales-, sino también porque voltea los indultos de Carlos Menem, lo cual equivale a avasallar una facultad -dicen varios justicialistas- propia del Poder Ejecutivo de turno. Ayer, Carlos Fayt desactivó las pretensiones del gobierno y le devolvió la pelota. El decano del máximo tribunal aclaró que la Corte, que debería expedirse sobre la constitucionalidad o no de la Obediencia Debida y el Punto Final, respetará «la regla de los 9» para pronunciarse sobre cuestiones sensibles. Esto significa que no habrá fallo, mientras siga vacante la silla que dejó Julio Nazareno. La situación empeora en materia numérica, si se tiene en cuenta el trámite de juicio político contra Eduardo Moliné O\'Connor, que podría derivar en la suspensión del juez en setiembre. • Reacción Ricardo Falú (PJ-Tucumán) no tardó en reaccionar frente a las declaraciones de Fayt. «No conozco la regla de oro de la que habla el juez de la Corte», comenzó el titular de la Comisión de Juicio Político. «Sí sé que, si hay 5 votos coincidentes, puede dictarse sentencia; también que pueden cubrirse ausencias con presidentes de las Cámaras Federales o con el régimen de subrogancias», siguió Falú. Finalmente, señaló que «algún observador podría interpretar que tales expresiones del doctor Fayt encubrirían una presión al Congreso», en alusión al proceso de enjuiciamiento a Moliné y a la amenaza de continuar con la remoción de magistrados. Así las cosas, la mesa de conducción del bloque oficialista se encontró anoche en un callejón sin salida: debía tomar la brasa y armonizar serias discrepancias domésticas. En definitiva -según argumentó Díaz Bancalari a puertas cerradas-, parece que resultará imposible eludir la discusión que pidió Walsh, de Izquierda Unida, en el recinto el martes que viene. Ese día, organizaciones de derechos humanos, piqueteros y activistas comunistas de distintas vertientes marcharán al Congreso para forzar la sanción de la anulación. El PJ teme sufrir un escrache del sector que, precisamente, cultiva el gobierno. Ahora, los peronistas tendrán que encontrar una iniciativa alternativa a la de Walsh. Una variante no descartada es que faciliten quórum en la sesión especial y, previo cuarto intermedio (que podría durar más de lo habitual), intenten negociar un proyecto con los radicales. La UCR, que no logra salir de la confusión, recibió anoche a Ricardo Gil Lavedra para escuchar su opinión sobre la anulación de las leyes. La principal bancada opositora tampoco terminó de posicionarse. Por lo pronto, atinaron a elaborar un proyecto destinado a formar la comisión bicameral que debe relacionarse con el procurador general de la Nación.

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