El jefe de Gabinete Fernández informó que se resolvió anular el decreto por el cual se disponía que los prestatarios de servicios de Internet deberían conservar por 10 años el contenido de las comunicaciones a través de sus servidores por si la Justicia demanda datos. Dijo que el gobierno nunca quiso violentar el derecho a la intimidad e insinuó que el decreto será sustituido por otro que obligue a compañías a registrar información sobre los contactos que realizan sus clientes, no sobre contenido. La polémica promete seguir, entre otras cosas, porque la tecnología de estos nuevos estándares supone costos importantes.
• Así como se producirá un costo adicional con esta novedad, las empresas de servicios telefónicos dejarán de percibir las sumas muy atractivas que recibieron del Estado durante el largo período en que la derivación de llamadas bajo requerimiento judicial no era automática. Hubo meses en que las telefónicas le cobraron al Estado cerca de 300.000 dólares por esta tarea.
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