La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto que declara «por cuatro años la emergencia en materia de posesión de tierras» que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas originarias.
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Sorprendentemente, y tras la sanción de proyectos sobre anticoncepción que crisparon el ánimo del Episcopado, esta iniciativa se encuadra dentro de las medidas sugeridas por los obispos en el libro «Una tierra para todos», presentado por Jorge Casaretto el lunes en la CEA.
La iniciativa, que ya tiene sanción del Senado, fue remitida a las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. El proyecto suspende «por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras».
Además, señala que «durante los tres primeros años contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenasdeberá realizar un relevamientotécnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas».
Fondo especial
En caso de ser aprobado, se creará un «fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de 30 millones de pesos» para realizar el relevamiento y los programasde regulación dominial. El proyecto fue tratado en menos de veinte minutos por los legisladores y fue consensuado justo cuando ingresaban los representantes de distintas comunidades indígenas, quienes tras manifestar su agradecimiento se quejaron por «las trabas» que les pusieron para ingresar al edificio anexo de la Cámara de Diputados. Además de calmar a la Iglesia, la medida satisface a Luis D'Elía, subsecretario de Tierras y Hábitat Social.
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