Idas y vueltas, otro rasgo del primer año de gestión

En su primer año de Gobierno, la administración que encabeza el presidente Mauricio Macri llevó adelante una serie de políticas de alto impacto. Entre estas se puede mencionar la eliminación del cepo al dólar, la quita de las retenciones al agro y a la minería, la negociación con los holdouts y los despidos masivos en la administración pública.

Sin embargo, hubo otras en que Cambiemos tuvo que dar un paso atrás en su decisión o rectificar las formas, tras el malestar popular, las críticas de la oposición y hasta de sus propios aliados, entre los que se destaca la figura de la controvertida líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. ¿Pero cuáles son estos puntos?

• Coparticipación

Al dejar su gobierno, la expresidente Cristina de Kirchner firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que devolvía a las provincias el 15% de los fondos coparticipables de la Anses. La Corte Suprema había fallado tiempo antes a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe y la mandataria decidió hacerlo extensivo al resto de los distritos del país.

Recién llegado a la Presidencia, Macri firmó un nuevo decreto -el 2635/15- que eliminaba el DNU de su antecesora bajo el pretexto de que "el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento".

La buena nueva cayó como un balde de agua fría en las administraciones provinciales, que habían sido invitados al diálogo por el Gobierno. Además, por un error se había aumentado la coparticipación porteña para el traspaso de la Policía a través del Fondo Federal Solidario lo que agravó el malestar.

Ante esto, el Ejecutivo se vio obligado a renegociar un nuevo reparto de fondos a través de un DNU que creó el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo. El acuerdo aseguró una devolución para las provincias de $37.126 millones en 2016, tras lo cual el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aprovechó para instar a los gobernadores a lograr el "equilibrio fiscal".


• Tarifas

El 1º de abril de 2016, el Ministerio de Energía oficializó la quita de subsidios y los consiguientes aumentos en las tarifas. Las boletas de agua, luz y electricidad comenzaron a llegar con aumentos que en algunos casos quintuplicaban las facturas, lo que causó una verdadera conmoción social, sobre todo en las provincias más australes del país, con alto consumo de gas.

El 7 de julio, la Cámara Federal de La Plata planteó el primer freno a los aumentos declarándolos "nulos". La presión social también hizo que el Ejecutivo planteara un tope a las subas de gas del 400%, retroactivo al 1 de abril. Por esos días, el presidente Macri también lanzó una frase para el recuerdo. Al pedir "conciencia" a la población expresó: "Cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más". La respuesta popular fue un cacerolazo el 14 de julio.

Días después, la Corte de Suprema marcó un nuevo revés. Puso un freno al tarifazo de gas para los usuarios residenciales y ordenó al Gobierno realizar audiencias públicas, que finalmente tuvieron lugar en todo el país del 16 al 18 de septiembre.

Teniendo en cuenta los resultados y las diferentes exposiciones finalmente, el Gobierno debió retroceder y fijó subas promedios de hasta el 203% para usuarios residenciales. A su vez, quedó ampliado el universo de los que podían acceder a la tarifa social y se modificó el cuadro tarifario para pymes. La rebaja del precio del gas natural es del 72,6% respecto al nivel establecido en abril pasado.

• Corte Suprema

Otra de las primeras jugadas del Gobierno de Cambiemos fue intentar completar las dos vacantes que quedaron en la Corte Suprema tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni y posteriormente del histórico Carlos Fayt. Para hacerlo el 14 de diciembre de 2015 -tres días después de asumir- usó un mecanismo poco convencional. En lugar de enviar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al Senado se los "designó por comisión".

Un comunicado de Presidencia informó que Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de "llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".

El procedimiento fue duramente cuestionado. Desde el Congreso, se argumentó que el artilugio -por más legal que fuera- significaba una entromisión del Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Ante las críticas, Mauricio Macri decidió dar marcha atrás y el 1º de febrero envió al Senado los pliegos de ambos candidatos. Tras la aprobación por parte de la Cámara alta, Macri firmó los decretos de nombramiento de Rosatti y Rosenkrantz el 23 de junio de 2016 y la Corte pasó a tener así nuevamente cinco miembros.

• Cambios en el Ministerio Público Fiscal

Luego de la asunción de Macri, desde Cambiemos instaron a la Procuradora General de la Nación, Alejandra GilsCarbó, a que renunciase a su cargo, acusándola de ser imparcial y afín al kirchnerismo. Ante la negativa de la funcionaria, el Gobierno decidió realizar el intento de acotar su margen de acción por la vía judicial. Así, el ministro de Justicia Germán Garavano envió al Senado un proyecto de reforma al Ministerio Público Fiscal, que no fue bien recibido por la mayor parte del arco político ni por representantes del sector judicial.

La iniciativa planteaba la creación de una estructura de cuatro subprocuradores elegidos sin concurso, ni mayorías especiales, y de un Consejo Federal. Además, el cargo pasaba de ser vitalicio a durar cuatro años y el procurador podría ser removido por un decreto del Ejecutivo o por mayoría simple en Diputados.

Tras idas y venidas, el 18 de octubre el bloque de Cambiemos logró emitir un dictamen de mayoría con el acompañamiento del Frente Renovador y Progresistas. Entre las concesiones, el mandato del procurador pasaba a durar 5 años, en lugar de 4, y eliminaba las subprocuraciones. Además, se estipulaba el juicio político para la remoción del procurador. La iniciativa ya tenía fecha para tratarse en el recinto el 26 del mismo mes.

Pero el Gobierno no contaba con la intervención de una de sus aliadas. Elisa Carrió calificó la iniciativa de "inconstitucional". "Cuestioné el proyecto desde su ingreso al parlamento, y lo conversé con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento. Pero optaron por acordar con Massa", dijo. Su postura provocó un dominó de quites de apoyo a la propuesta oficial. Desde el Frente Renovador, argumentaron: "retiramos el quórum hasta que el oficialismo unifique su voz".

Ante el "cachetazo", el Gobierno decidió sacar el proyecto del temario para la sesión para evitar así una derrota segura. "Si no se generan consensos, no habrá modificación a la ley", salió a argumentar Garavano para minimizar el fracaso.

• Apoyo a Hillary Clinton

El Gobierno argentino apostó desde cero a la continuidad de los demócratas al frente de la presidencia de los EEUU. El 24 de marzo de este año, Macri había recibido a Barack Obama en la Casa Rosada volviendo a hacer gala de su buena relación con la primera potencia mundial, lo que muchos de sus detractores tomaron como una vuelta a las "relaciones carnales" de la década del '90.

Tanto es así que a pocos meses de las elecciones, el Presidente deslizó sus preferencias por Hillary Clinton. Durante el Mini Davos, organizado en el Centro Cultural Kirchner, sostuvo ante la prensa: "Creo que hay que crear redes no levantar paredes", en clara alusión al republicano Donald Trump. Además, en un encuentro en Italia con Bill Clinton, Macri le dijo al expresidente norteamericano: "mi mujer Juliana Awada lo espera como primer caballero en el G20 en Buenos Aires" en 2018.

Pero el martes 8 de noviembre, Trump logró convertirse en presidente de EEUU y hubo que salir a enmendar el traspié diplomático. Ya se hablaba de lo innecesario de haber tomado partido y de los costos políticos que esto conllevaría para el país.Al día siguiente, la primera reacción de Macri fue escribir un tuit: "Felicito a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos". Pocos días después llegarían las gestiones de la canciller Susana Malcorra que se concretaron en un llamado telefónico. Macri y Trump hablaron por 15 minutos y en la charla "ambos recordaron su histórica relación personal y se comprometieron a trabajar en una agenda común para el crecimiento de los dos países".

"Yo siempre digo que no hay trabajo que pueda hacer una Cancillería ni la diplomacia sino se produce la química entre las personas. Y bueno, se confirmó que esa química está ahí", concluyó la funcionaria, aliviada.

• Malvinas

El martes 13 de septiembre el Gobierno suscribió un acuerdo entre la canciller argentina Susana Malcorra y el vicecanciller británico de asuntos Exteriores, Alan Duncan. En el mismo se convenía el restablecimiento de los vuelos entre en continente y las islas y tratados para la explotación petrolera.

El anuncio de cooperación cosechó duras críticas de la oposición y de ex Combatientes de Malvinas, como así también del radicalismo y de la Coalición Cívica, aliados de Cambiemos, que exigieron que Malcorra fuera a explicar los términos del mismo al Congreso. Carrió repudió haberse enterado "por los diarios" y criticó a Malcorra "por no respetar la división de poderes". Sin embargo, defendió al Presidente: "Macri ha reivindicado la innegociabilidad de la cuestión Malvinas".

Otro capítulo de esta trama se suscitó durante la participación de Macri en la Asamblea General de la ONU. Allí, el mismo día de su exposición, el Presidente anunció a la prensa que se había encontrado con la premier británica TheresaMay, durante una comida de mandatarios y que ella había aceptado debatir la soberanía de las Malvinas. "Ella dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar, las cosas llevarán años, pero lo importante es que comencemos. Y ella estuvo de acuerdo", respondió Macri ante las inquisiciones de la prensa por el inesperado anuncio.

Pero, Malcorra tuvo que salir a desmentir a su jefe. La canciller relativizó los términos de la conversación y aclaró: "Por supuesto la primera ministra dijo que se encontrarían, pero no es que se habló de una hoja de ruta, o dónde van a ser los próximos pasos, que este tema esté cerrado y arreglado y avanzado". Al otro día, Macri volvió a ratificar la conversación con May, lo que le provocó a Malcorra un nuevo dolor de cabeza y generó una nueva desmentida.

• Presupuesto para Ciencia

El proyecto de Presupuesto 2017 enviado al Congreso por el Gobierno a mediados de septiembre suponía un recorte en Ciencia y Tecnología del 32,5%. Las partidas para el ministerio de Lino Barañao, el Conicet y la Conae eran de $13.957 millones, lo que correspondía al 0,59% del total -teniendo en cuenta que entre 2009 y 2016 osciló entre el 0,7% y el0,8% y que Macri había prometido en campaña elevarlo al 1,5%-.

No sólo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA emitió un duro comunicado, sino también miles de estudiantes y científicos de otras casas de estudio de todo el país se movilizaron y lanzaron campañas en las que alertaban sobre una nueva posible "fuga de cerebros", similar a la de 2001.

Tanto fue el rechazo, que el Gobierno -a través de un acuerdo en el Congreso entre los bloques de Cambiemos, Frente Renovador y Justicialista- debió dar marcha atrás. Utilizando el sistema de reasignación de partidas, anunció que en 2017 se destinará al área una suma adicional de $1300 millones.

• Ganancias y Emergencia Social, a Extraordinarias

A pesar de que durante la campaña presidencial, Macri había prometido derogar el impuesto a las ganancias, a poco más de dos meses de asumir emitió un DNU en el que llevó el mínimo no imponible a $30.000. La medida fue ampliamente rechazada por la oposición "por insuficiente" y porque con este nuevo corte, trabajadores que antes no estaban alcanzados por el impuesto -tras el decreto de Cristina de Kirchner en 2013- ahora debían empezar a pagarlo.

A pesar de las críticas, el decreto quedó aprobado y continúa en vigencia. El tema ahora pasaba por las escalas. Desde Cambiemos prometieron modificarlas en 2017. "Hay que entender que tenemos que bajar la inflación y para bajar la inflación hay que ir reduciendo el gasto y eso hace que tengamos que ir haciendo las cosas por etapas", dijo el Presidente al justificar la postergación.

Pero la presión del sindicalismo volvió a poner el tema en debate ante la negativa del Gobierno de reabrir paritarias y las negociaciones de un bono de fin de año. A su vez, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, anunció la presentación de un proyecto de Ganancias. Todo este combo terminó por modificar las intenciones de Cambiemos. Para no quedar en offside y evitar cualquier crisis social en diciembre, el Gobierno retrocedió sobre sus pasos y envió su propia iniciativa al Congreso. Sin embargo, la oposición se unió para apoyar un mismo proyecto, que fue aprobado en Diputados y ahora aguarda su suerte en la cámara de Senadores. De aprobarse, el Gobierno podría vetarlo.

Algo similar ocurrió con la Ley de Emergencia Social, una iniciativa impulsada por varios organismos sociales y de la economía popular y defendida en el Congreso por los senadores kirchneristasJuan Manuel Abal Medina y Teresita Luna y el representante del GEN, Jaime Linares.

El proyecto, que logró media sanción del Senado el 16 de noviembre pasado contemplaba declarar la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país y promover la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. Además, establecía que durante su vigencia se incrementarían un 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Desde el Gobierno amenazaron con vetar la iniciativa si ésta era aprobada por Diputados y argumentaron que el proyecto "no era serio". Sin embargo, la presión social volvió a jugarle en contra y una masiva movilización en la que participaron amplios sectores de la economía social, las dos CTA y hasta la CGT movieron el tablero. Pocos días después, el Gobierno volvió a citar a las organizaciones sociales y acordaron enviar al Congreso una nueva ley de Emergencia Social, que contenía varias de las reivindicaciones planteadas por los sectores populares. Esta iniciativa recibió media sanción en la Cámara de Diputados y fue girada al Senado en sesiones Extraordinarias.