Protocolo antipiquetes: un fiscal general dictaminó contra el Gobierno

Se pronunció por rechazar la apelación del Ejecutivo y pidió que quede firme la sentencia de primera instancia que declaraba nulo el protocolo impulsado por la exministra Patricia Bullrich. Ahora debe decidir la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó contra la apelación del Gobierno y respaldó el fallo que anuló el protocolo antipiquetes, al considerar que afecta el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal en contra del recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional en la causa en la que se cuestiona la validez del llamado “protocolo antipiquetes”. De este modo, el expediente queda ahora en condiciones de ser resuelto por la Cámara.

En su dictamen, el fiscal consideró que corresponde rechazar la apelación del Gobierno y confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de Seguridad.

El derecho a la protesta, en el centro del dictamen

Uno de los aspectos del dictamen es el reconocimiento expreso de que el derecho a la protesta es un derecho constitucional de ejercicio legítimo, que debe ser considerado al momento de evaluar su eventual tensión con otros derechos, como el de la circulación.

El fiscal remarca que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada, que permita su ejercicio, sin anular ni vaciar de contenido el derecho a la reunión, la expresión y la protesta social, que tienen una tutela preferencial dentro del sistema de derechos.

Además, advierte que el protocolo impone una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación, sin considerar las circunstancias concretas ni el carácter legítimo de las manifestaciones, lo que resulta incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución.

Para el CELS, el dictamen es un paso relevante en el control judicial de políticas que, bajo el argumento del “orden público”, implican en la práctica restricciones de derechos básicos para el funcionamiento de la democracia.

La causa que discute el protocolo fue impulsada por el CELS, junto con Amnistía Internacional, Sipreba, ATE, ANDHES, Polo Obrero, FOL y la Confederación Indígena Neuquina, entre otros. La decisión final queda ahora en manos de la Cámara.