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21 de mayo 2002 - 00:00

Imprevisto: políticos no podrán manipular los planes sociales

El gobierno acordó con piqueteros para repartir subsidios para jefes y jefas de hogar desocupados, con la intención de manipularlos. Eso desató una crisis con Carlos Reutemann y Felipe Solá. Sin embargo, para conseguir ese beneficio, no se necesita depender de ningún dirigente político ni de piquetero o sindicalista alguno. Los formularios están disponibles libremente hasta en Internet (también en municipalidades, parroquias, etcétera). La inscripción se realiza en la ANSeS y el beneficio se cobra en bancos, con sólo presentar el documento. El programa es mejor de lo que pretendía el gobierno, que no divulgó los datos todo lo necesario para no perder control sobre desocupados y piqueteros. Aberración bonaerense: con planes sociales se puede obtener rentabilidad de 50% en patacones en 48 horas.

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• Reutemann y Solá pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que muchos desempleados eran inscriptos en la lista de adjudicatarios del plan sin que el trámite pasara por el control de la provincia o de las municipalidades. La queja tiene un fondo de verdad aunque la acusación forme parte de un malentendido. En efecto, hubo funcionarios nacionales que registraron varias decenas de miles de desocupados por fuera del canal más habitual: los consejos consultivos, integrados por el gobierno y las entidades intermedias, que se establecieron en cada comuna. Reutemann puso el grito en el cielo cuando advirtió ese mecanismo, por el cual desde la Casa Rosada se les entregaron unos 10.000 formularios a dirigentes piqueteros para que los distribuyeran entre sus adherentes. Solá acusó a la administración nacional por lo mismo y consiguió que el Senado bonaerense, por unanimidad, pidiera informes al mismísimo Eduardo Duhalde sobre por qué hubo subsidios que se entregaron por canales ajenos a las municipalidades. Como en el caso de Reutemann, aquí se acusa a Aníbal Fernández y a Alfredo Atanasof por «puentear» a los gobernadores e intendentes. Lo de Solá tiene un costado político que merece atención en sí mismo: como cuando se resiste a firmar el acuerdo que exige el Fondo Monetario Internacional, el gobernador comenzó a presentarse como el defensor de los bonaerenses frente a la gestión de Duhalde.






• Todavía sigue siendo materia de discusión el grado de control que existirá, en definitiva, sobre las prestaciones. Por día se están librando unas 100.000 órdenes de pago. 20% salen rebotadas de los registros digitales de la ANSeS. Las causas son múltiples: diferencia entre el nombre y el número de documento que se presentó, percepción de otro subsidio social, fallecimiento del supuesto desocupado, inexistencia de los hijos que se declaran, etcétera.

• La discusión sobre anormalidades y «avivadas» con el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados permitieron advertir también los vicios de otros programas que en estos días se están por dar de baja. El plan Vida de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue puesto en la picota a un punto tal que desató un escándalo en la casa de los Duhalde. Fue cuando le explicaron a Chiche, la esposa del Presidente, el fraude que podía realizarse con ese sistema de asistencia ideado por Mariano West, el secretario de Acción Social bonaerense. La provincia otorga un ticket equivalente a 20 patacones que los comercios aceptan como medio de pago para adquirir alimentos. Supermercados y almacenes presentan ante la tesorería esos papeles y se les entrega el dinero correspondiente en 48 horas. ¿Cuál es la trampa posible? Un concejal, intendente o dirigente de los que reciben grandes cantidades de planes Vida puede entregarlos a cadenas comerciales a cambio de la mitad de su valor (10 patacones el ticket de 20). A su vez, los comerciantes recibirían del Estado el valor de papel sin entregar mercadería a nadie. La «martingala» permite hacer 50% de ganancia en patacones en 48 horas. Dicen que hay ediles que incurrieron en esta maniobra -se habla de algunos de Luján- pero nadie da precisiones sobre nombres y apellidos. Al parecer, Solá fue advertido de este defecto del sistema de distribución de alimentos a través de un bono y decidió suspenderlo, algo que se haría efectivo en las próximas horas.

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