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La denuncia, que ya fue puesta en conocimiento de la Suprema Corte Bonaerense, apunta a determinar si la muerte de un chico de cuatro años que estaba tutelado por la justicia fue consecuencia del presunto abandono, desamparo, y la falta de atención médica de los que presuntamente fue víctima por parte del Tribunal 1 de Menores.
La investigación la realiza el fiscal de Morón José de los Santos tras la denuncia de la responsable de un hogar especial en el que estaba alojado el niño hasta su muerte ocurrida en el 2002.
Según las fuentes, el chico fallecido había sido producto de una violación, estaba bajo tutela del Estado y pasaba sus días en un hogar especial.
Lo que se intenta determinar es si su muerte pudo ser evitada y si el deceso fue en parte consecuencia de la falta de atención y abandono en la que incurrieron presuntamente los funcionarios judiciales denunciados.
La denuncia alcanzó al juez de menores Ricardo Oyama y a Cristina Landolfi, una ex asesora de menores de ese distrito, que ahora se desempeña como jueza.
Lo que intentará probar el fiscal es si los funcionarios judiciales denunciados no cuidaron al niño, lo desatendieron y eso hizo inevitable su muerte.
Según una fuente judicial, ya existen nueve pedidos de juicio político contra el Tribunal de Menores 1.
A raíz de la denuncia, la fiscalía inició una causa para investigar la posible comisión de delitos de "abandono de persona seguido de muerte", contemplados en el artículo 106 del Código Penal y castigado con hasta 15 años de cárcel.
En la causa donde se investiga por abuso sexual al cura Julio César Grassi, el juez Oyama, ahora denunciado por el abandono de persona del niño que murió de leucemia, fue procesado junto a su secretario Carlos Enríquez, porque presuntamente intentaron hacer que uno de los denunciantes del sacerdote se retracte de su acusación. "Tanto Oyama como Landolfi ya están sometidos para jury de enjuiciamiento acusados de encubrimiento para favorecer a Julio Grassi en la causa que se le sigue por abuso sexual y corrupción de menores", dijo el abogado Juan Pablo Gallegos, representante de los menores que denunciaron al sacerdote.
Con respecto al secretario Enríquez, el abogado dijo que este fue suspendido en sus funciones.
Tanto en el caso de Oyama como de Landolfi, ambos magistrados, para someterlos a juicio, primero es necesario que un jury de enjuiciamiento los destituya, lo que ya analiza la Suprema Corte bonaerense, en la causa Grassi.
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