La agenda judicial quedó relegada a un espacio testimonial dentro del listado de anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Como adelantó Ámbito, el punto fuerte que generó la retirada del bloque PRO era un mensaje con destino original de cohesión hacia adentro del Frente de Todos: la idea de profundizar la querella criminal que investiga los pasos administrativos en torno a la toma de deuda durante el Gobierno de Mauricio Macri no era para discutir con el FMI un nuevo acuerdo sino para hacer más digerible su aprobación en el bloque oficialista. “Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, indicó el mandatario ayer en un diagnóstico en loop desde el inicio de su gestión. Proyectos específicos que sean enviados a discusión dentro de esta materia para este año, no hubo. “La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo” dibujó en el aire Fernández al final de este capítulo.
“Hice cuanto estuvo a mi alcance”, fue una de las frases utilizadas por el mandatario para describir la situación en la que no habían tenido éxito los proyectos pese a partir de una diagnóstico de descrédito del Poder Judicial. La elección de las palabras dio a entender que no queda mucho margen para intentos frustrados. Es que el resto de las iniciativas de 2020 y 2021 fueron una colección de lamentos por cuestiones que no habían logrado traspasar los borradores. Incluso, la mención explícita a la pérdida de estado parlamentario de la llamada reforma judicial que creaba y fusionaba fueros a nivel federal y que solo atravesó con éxito el Senado y naufragó en Diputados. El Presidente señaló ayer que esa cuestión podría tener directa incidencia en el combate contra el narcotráfico por la ampliación de la jurisdicción de Rosario donde ese flagelo aqueja. Sin embargo, también es cierto que las vacantes allí exceden el 30% y que otra porción de los magistrados están al borde de la jubilación. La responsabilidad termina siendo del Ejecutivo y el Legislativo. En diciembre se enviaron un puñado de pliegos para ese destino.
Si la ausencia de Máximo Kirchner fue el comentario de la política, en el mundo judicial lo fue la del procurador interino Eduardo Casal. Como cabeza del Ministerio Público Fiscal, el lugar protocolar históricamente asignado estaba junto a los integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. A Ricardo Lorenzetti le asignaron una segunda fila, codo a codo con Vilma Ibarra. Con la organización de Casa Militar, a Casal le habían reservado un palco junto a Julio Piumato y a Juan Carr. Directamente, no asistió.
Lo novedoso del discurso presidencial fue el esbozo de la construcción del concepto de “complicidad judicial con el poder económico real” que, a su vez, tendría incidencia sobre la vida de los ciudadanos, en explícita alusión a las empresas prestatarias de servicios que lograron cautelares para frenar topes de aumentos. “Impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”, disparó. Fue la más punzante referencia pero también quedó flotando en el aire. Tal vez para que nadie pregunte por qué el Enacom presentó los recursos extraordinarios pero dejó navegando a su suerte los expedientes.
No hubo referencias al Procurador General (en récord de vacancia) ni al miembro faltante de la Corte, salvo la elíptica mención a su conformación sin mayores pistas. Sí hubo lugar para la asociación de la oposición con fiscales y jueces federales, lo que explicaría el interés (de Macri) de apostar siempre por Comodoro Py. Y también para lo que adelantó Ámbito en cuanto a los hallazgos vinculados a su administración y la afición por el espionaje, con el epílogo de la presentación de una nueva Ley de Inteligencia.
“Ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Avanzaremos en la implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliaremos también los mecanismos de acceso a la justicia”, enumeró los temas que habían quedado en el tintero.
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