La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una nueva definición judicial en una causa conectada a la principal. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó concederle la probation a Claudio Ariel De Vincentis, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Nordelta y está acusado de haber alertado a uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina sobre un operativo policial que se iba a realizar en el complejo.
Caso ANDIS: el jefe de seguridad de Nordelta irá a juicio por interferir allanamiento a los Kovalivker
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber interferido en los allanamientos ordenados a los hermanos Kovalivker, en el marco de la causa por supuestos hechos de corrupción en la ANDIS.
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Causa Andis: postergaron la indagatoria de los Kovalivker
De Vicentis y Kovalivker están implicados en la causa ANDIS.
La decisión representa un revés para el imputado, que buscaba evitar llegar a un juicio oral mediante la suspensión del proceso a prueba. Sin embargo, la magistrada entendió que los hechos atribuidos podrían encuadrar en una figura penal más grave que aquella por la que inicialmente había sido procesado.
Para Arroyo Salgado, la conducta de De Vincentis no puede analizarse como un simple entorpecimiento de un procedimiento judicial. En su resolución, sostuvo que existen elementos para considerar que pudo haber cometido un encubrimiento doblemente agravado, tanto por la gravedad del delito que se investigaba como por su condición de funcionario público.
Uno de los puntos de la resolución es la situación del acusado como comisario retirado de la Policía Federal. La jueza consideró que el retiro no implica la pérdida automática del estado policial, que se extingue con la baja de la fuerza.
En ese sentido, recordó que la legislación establece que el personal retirado debe seguir contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito.
La magistrada fue contundente al evaluar el rol que habría tenido durante el procedimiento: sostuvo que “no existen dudas en arribar a la conclusión” de que la conducta atribuida a De Vincentis debe considerarse desplegada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Ese argumento también resultó determinante para rechazar la probation, ya que el Código Penal impide conceder ese beneficio cuando un funcionario público participó de un delito en ejercicio de su cargo.
De una pena máxima de tres años a la posibilidad de seis
La resolución modifica el escenario judicial que enfrenta De Vincentis. Hasta ahora estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, delitos que contemplaban una pena máxima de tres años de prisión y habilitaban la intervención de un tribunal unipersonal.
Con el nuevo encuadre planteado por Arroyo Salgado, la causa será remitida a los tribunales orales federales de San Martín. Allí podría enfrentar un juicio ante un tribunal colegiado y una eventual condena de hasta seis años de prisión.
La defensa, a cargo del abogado Guillermo Soares Gache, había argumentado que De Vincentis se encontraba de licencia aquella noche, que se acercó al lugar por sus responsabilidades laborales y que su intervención no había provocado demoras en el operativo.
Sin embargo, la investigación dio por acreditado que habría interferido en el procedimiento. Incluso, después de lo ocurrido, el jefe de seguridad habría impartido instrucciones internas para que los empleados de Nordelta no brindaran información a las fuerzas de seguridad sin autorización previa del área legal del complejo.
Al confirmar su procesamiento por encubrimiento simple, la Cámara Federal de San Martín había cuestionado también sus expresiones sobre el accionar de los investigadores. Según recordó aquel tribunal, el imputado habría descalificado el procedimiento al sugerir que los efectivos “creían estar en Fuerte Apache”.
El operativo que terminó con la salida de Jonathan Kovalivker
Los hechos investigados ocurrieron entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2025, cuando el entonces juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en Nordelta sobre propiedades vinculadas a los Kovalivker.
Los procedimientos tenían como objetivo secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación por las presuntas maniobras de corrupción en ANDIS. También se había ordenado obtener los registros de las cámaras de ingreso y egreso del complejo.
De acuerdo con la imputación, el comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, había indicado expresamente a los vigiladores que no debían alertar a los sospechosos sobre la llegada de la Policía.
Sin embargo, De Vincentis habría realizado distintos llamados a sus empleados para conocer los movimientos de la comitiva judicial y el destino del procedimiento.
Uno de los episodios centrales ocurrió a las 00:42 del 22 de agosto. Según la reconstrucción incorporada a la causa, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió una comunicación de su superior y llegó a informarle que estaban buscando a los Kovalivker, antes de que le retiraran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del complejo, lo que frustró la requisa personal que se había ordenado sobre él.
Desde Suizo Argentina, sin embargo, rechazaron que el empresario hubiera intentado escapar. Sostuvieron que se dirigía a las oficinas de la droguería, donde ya se estaba desarrollando otro allanamiento, y afirmaron que esa circunstancia estaba acreditada en el expediente.
La secuencia también incluyó la llegada de cuatro patrulleros de la Policía bonaerense a la garita de acceso. Según la investigación, habían sido convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo el argumento de que personas que se hacían pasar por policías habían tomado el puesto e impedían la salida de los residentes. Una vez que comprobaron que el procedimiento judicial era legítimo, los efectivos se retiraron.
Para Arroyo Salgado, el registro posterior de la vivienda de Kovalivker dejó “rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”. La jueza vinculó la gravedad de lo sucedido con la investigación principal de ANDIS, en la que se analiza la presunta existencia de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a droguerías, con supuestos pagos destinados a intermediarios, funcionarios del organismo y otros integrantes del esquema investigado.
En ese contexto, Suizo Argentina habría funcionado como canal para concretar los pagos ilegales. Los directivos de la droguería están citados a indagatoria para mañana 4 de noviembre.
La magistrada entendió que tanto la naturaleza del delito investigado como la condición policial que conserva De Vincentis justifican considerar agravada la conducta que se le atribuye. Por eso, rechazó la posibilidad de que cierre el caso mediante una probation y dispuso que avance hacia la instancia de juicio oral.
